Los juzgados de Maó suman 1.500 asuntos pendientes de resolución

El incremento de la pendencia es notable en ambos casos, consecuencia del descenso en la capacidad resolutiva de los magistrados, según apunta la memoria del Tribunal Superior de Justicia de las Islas. Los largos periodos en que algunos de estos juzgados han estado vacantes se apunta como otra causa de la menor resolución de casos registrada.

Los números reflejan asimismo un crecimiento importante de la litigiosidad. En 2021 se registraron 1.901 asuntos civiles, la cifra más alta en los últimos seis años y, por el contrario, los resueltos, 1.559, fueron menos que en los dos años precedentes. El resultado es que la cifra de casos sin resolver que se arrastra desde 2015 prácticamente se ha duplicado. En aquella fecha eran 520 y ahora son los citados 975.

Por la vía penal entraron 1.775 asuntos y el número de resueltos, incluidos los que se arrastraban de ejercicios anteriores, asciende a 1.623. En este ámbito la cifra de asuntos pendientes mantiene una tendencia al alza, pero más moderada, en 2015 eran 356 casos y ahora son 575.

Descongestión

La estadística de los juzgados de Ciutadella, que son dos de Primera Instancia e Instrucción y uno de lo Social, ofrece datos de descongestión paulatina. Ingresaron 1.248 asuntos civiles y fueron resueltos 1.311, lo que arroja una disminución de los casos arrastrados de años previos. A final de año quedaban pendientes de dictamen judicial 592.

La misma tendencia se observa con los asuntos penales, entraron 1.301 y fueron resueltos 1.517. A final de ejercicio, la mochila de casos pendientes tenía 302, un 43 por ciento menos que el año anterior. La memoria del órgano judicial balear destaca el incremento del esfuerzo resolutorio como clave de la importante disminución de la pendencia.

El número de asuntos civiles abiertos el año pasado en Ciutadella también es el más alto de los últimos seis años, mientras que los penales han sido casi la mitad que seis años atrás.

De los datos conjuntos de las Islas destaca la pendencia en el orden contenciso-administrativo, que es la más alta de España, un 1,87 frente al 0,98.