El Consell se suma a la acusación en el caso de las menores ecuatoguineanas

La institución insular ha decidido sumarse a la acusación del Ministerio Fiscal en defensa de las menores que tiene bajo su tutela, relacionadas con los presuntos delitos de trata de personas y explotación de menores. Por este motivo, el Juzgado que encabeza el magistrado Juan Pablo Molina mantiene la imputación a seis de las siete personas que la Policía Nacional de Maó detuvo el pasado 1 de febrero, y que continúan acusadas de ambos delitos a pesar de que fueron puestas en libertad provisional tres días después, con medidas cautelares. Ninguno de los detenidos que pasaron a disposición judicial —seis mujeres y un hombre, ya que otra mujer quedó en libertad poco después de ser arrestada sin llegar a comparecer ante el juez— pueden salir de la Isla, les fue retirado el pasaporte y deben personarse en el mismo Juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Además, el juez dictó una orden de alejamiento de los detenidos al menos respecto a dos menores de edad, de 16 y 17 años, supuestamente emparentadas con las familias, cuya tutela asumió de inmediato el Servicio de Familia y Menores del Consell, aunque podría haber otras implicadas que forman parte de la investigación policial en la que ahora participa la Fiscalía. Algunas de ellas han abandonado la Isla como testigos protegidos en este procedimiento.

La institución insular, explicó la consellera de Bienestar Social Bárbara Torrent, ha decidido personarse como acusación particular «porque se trata de menores de edad tuteladas por el Consell y desde el momento que son parte de una investigación y pueden estar implicadas en un presunto delito como víctimas, debemos actuar en defensa de sus intereses y disponer de toda la información para poder utilizarla».