Las familias del bloque que saldrá a subasta en Alaior no tienen derecho a seguir en las viviendas

Los vecinos reciben como un jarro de agua fría un auto judicial que deja a la voluntad del nuevo propietario qué quiere hacer con sus contratos

El bloque de viviendas desde la entrada al polígono de Alaior en el que viven casi sesenta familias. | Gemma Andreu

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Los vecinos del bloque de viviendas de Alaior, pendiente de subasta como consecuencia de la quiebra de la constructora Mussola y Bitácora Promociones SL, no tienen derecho a permanecer en el inmueble una vez que el edificio haya cambiado de propietario. Así lo establece el auto de la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Maó, dictado el pasado 7 de marzo.

En su resolución, la jueza remarca que en ninguno de los contratos de alquiler que las 56 familias aportaron el pasado mes de marzo, a requerimiento del juzgado, se aprecian fundamentos de fraude o simulación. A pesar de ello, la magistrada señala que el hecho de que los contratos no estén inscritos en el Registro de la Propiedad implica que los inquilinos no tienen derecho a permanecer en el inmueble cuando se transfiera la propiedad. En este sentido, desde el juzgado subrayan que dicha circunstancia debe hacerse constar en la publicidad de la subasta.

Preocupación de los vecinos

El complejo de viviendas situado entre las calles Avinguda Verge del Toro y la Carretera Nova debe salir a subasta como última fase de la ejecución hipotecaria, tras haber pasado a ser propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), una vez consumada la quiebra de la constructora de Es Castell que fue la que construyó el inmueble. En estos momentos, los inquilinos siguen pagando sus mensualidades a la empresa Balearic International Consulting 2015, SL, la intermediaria que arrendó el edificio.

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Los vecinos del bloque de pisos están viviendo con mucha preocupación el proceso judicial, sobre todo después de que el pasado mes de septiembre recibieran la visita del personal de la firma M&P Ledesma Abogados, otro de los servicers inmobiliarios a los que la Sareb ha adjudicado la gestión de lotes de activos inmobiliarios a los que tiene que dar salida. Los representantes de M&P Ledesma Abogados intentaron acceder a las viviendas, pero no les dejaron entrar. Desde la empresa aseguraron que querían elaborar un estudio de «situación residencial» e identificar la existencia de posibles situaciones de vulnerabilidad entre las familias que tienen alquilados los pisos. Todo ello, a petición de la Sareb, que es la acreedora del préstamo que grava los inmuebles.

La situación del bloque de viviendas de Alaior es similar a la de los bloques de las calles Maria Lluïsa Serra y Pintor Calbó de Maó. En este caso, la Sareb se quedó con los pisos alquilados, que ya tenían inquilinos, y estos pudieron regularizar su situación, con la subrogación de sus contratos al llamado banco malo. Además, la Sareb ha retirado la comercialización de los pisos habitados y prevé que, este año, pasen a manos de la nueva sociedad estatal de vivienda. Ahora, el Ayuntamiento solicita que los inquilinos actuales tengan prioridad cuando se incorporen al parque público de viviendas.

Por todo ello, las familias que residen en el bloque de pisos de Alaior esperan una solución individualizada, similar a la de Maó, donde se ha aplicado un enfoque social.

El apunte

José Luis Benejam pide a la Sareb que se respeten los contratos

Desde el Ayuntamiento de Alaior recordaron ayer que hace unos meses ya pidieron a la Sareb que, si finalmente se hace con la propiedad del inmueble, se respeten los contratos de alquiler de los actuales inquilinos y que se facilite su renovación.

En este sentido, el alcalde José Luis Benejam insistió en la necesidad de tener en cuenta la realidad de todas las personas que viven en estos pisos, garantizando la continuidad de los contratos existentes y proporcionándoles «seguridad de cara al futuro». «No podemos imaginar el despropósito descomunal que supondría que, como resultado de la incorporación de este edificio como activo de la Sareb, se produjera un perjuicio tan grave para las 56 familias en el caso de que se determinara su no continuidad en las viviendas donde residen», remarcó Benejam.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que la Sareb cuenta con un procedimiento para valorar de manera individual los casos, y atender a las familias en situación de vulnerabilidad que residen en sus activos de la empresa, por lo que piden que se las incluya en su programa de alquiler social con acompañamiento.

Próxima reunión

Desde el Consistorio aseguran estar siguiendo la situación procesal del edificio con mucha preocupación, por lo que recientemente han vuelto a pedir una reunión a la Sareb. También han anunciado que convocarán a los vecinos afectados, después de que estos hayan tenido conocimiento del auto de la jueza.