En la Junta de Gobierno Local del pasado 24 de febrero se aprobaron dos licencias en la ciudad para acometer sendas actuaciones de aislamiento en fachada en bloques de pisos de grandes dimensiones del barrio de Andrea Doria, concretamente en las calles J.B. Calbi y Sant Felip. Esto ha sido posible porque la disposición adicional 23 de la ley exonera a estos proyectos, en determinados casos, del cumplimiento de los parámetros urbanísticos. En el caso concreto de Maó, el Plan General de Ordenación Urbana no permite este tipo de actuaciones.
El alcalde Héctor Pons explica que, a tenor de casos anteriores y con estas dos peticiones de licencia para importantes obras sobre la mesa, gestionó con el grupo parlamentario socialista y el propio Govern la inclusión de una disposición en la ley de simplificación administrativa para dar salida a estas obras. Esta cláusula no aparecía en el primer texto de la normativa, pero sí en la definitiva publicada a mediados de enero. Pons considera que es positivo poder mejorar la eficiencia energética de estas construcciones, a menudo con varias décadas de antigüedad.
De hecho, esta disposición se puede aplicar solo en «los edificios de viviendas con una antigüedad superior a treinta años, siempre y cuando no estén en situación de fuera de ordenación» y «únicamente en lo que hace referencia al conjunto de materiales aislantes, adhesivos y morteros para el exterior de la fachada a partir de la primera planta».
No permiten actuar en la planta baja
Así las cosas, las dos licencias ahora concedidas comprenden solo de la primera planta hacia arriba, no permiten actuar en la baja. Por lo tanto, permanece todavía la imposibilidad de ocupar un espacio de la acera con el revestimiento, otras de las pegas importantes que existe a la hora de dar salida a estas actuaciones, puesto que suponen un incremento del volumen en la parte exterior del inmueble de varios centímetros.
Los edificios de Maó que se han beneficiado de esta disposición de ámbito autonómico son de planta baja y cuatro alturas, lo que supone una treintena de viviendas en total.Se trata de actuaciones de calado, firmadas por el mismo arquitecto técnico. El presupuesto de cada una de ellas ronda los 400.000 euros. Este tipo de proyectos son susceptible de recibir ayudas de distintas administraciones.
El apunte
Los arquitectos piden que el PTI permita incluir la planta baja
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