El Govern interviene para que Menorca no pierda plazas turísticas mientras siga la moratoria

Propone la creación de una bolsa temporal para salvar las plazas que se den de baja mientras dure la suspensión y defiende que mientras no se dan nuevas licencias hay que evitar decrecer reactivando el mercado y la inversión

El Govern está a la espera de que los consells analicen la capacidad de carga de la Isla para levantar la moratoria en la concesión de nuevas licencias. | Gemma Andreu

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El Govern anunció ayer una batería de medidas para evitar que se pierda oferta de alojamiento reglado mientras dura la prohibición de conceder nuevas licencias turísticas, un levantamiento de la moratoria que está pendiente de que los consells insulares establezcan sus respectivos techos de plazas y capacidades de carga. Entre ellas, destaca la creación de una bolsa temporal para salvar las camas que se den de baja durante el tiempo que transcurra hasta que no se termine el veto: «No hay que seguir creciendo, pero tampoco decreciendo», defendió Jaume Bauzá, conseller balear de Turismo, Cultura y Deportes.

La intención del Ejecutivo de Marga Prohens es «fijar las normas del juego», reactivar el mercado de oferta turística y la inversión en el sector a la espera de que se establezcan techos de plazas y se terminen de analizar las capacidades de carga, algo en lo que en el caso de Menorca, el Consell está avanzando, aunque todavía sin dar a conocer ningún resultado. El Govern defiende la idea de que «estas islas han llegado a su límite y que el patrón de crecimiento ya no es sostenible», aunque entiende que la vía de decrecimiento solo debe transitarse en el caso de la oferta ilegal, para la que propone, entre otras medidas, el endurecimiento del régimen sancionador que, como el resto de propuestas hechas públicas ayer, deberán recabar apoyo parlamentario para salir adelante en forma de decreto ley. Ya se descarta que entren en vigor para esta temporada.

Entre las medidas en materia de ordenación turística anuncia que dará tres años a los consells para dar de baja, previa audiencia con los titulares, las plazas turísticas en viviendas que no hayan tenido actividad de manera continuada en los últimos tres años. También en relación con la oferta de alojamiento en viviendas, prohibirá la concesión de nuevas plazas en edificios plurifamiliares –bloques de pisos– «en todos los municipios de Balears», una tipología que en el caso de Menorca, en virtud de la zonificación incluida en el PTI vigente, solo se permite que aflore en zonas turísticas. Para aquellas viviendas en bloques de pisos que ya cuenten con licencia, el Govern anuncia que se elevará por la vía reglamentaria las exigencias de calidad para la renovación de las autorizaciones.

En materia de «control de la oferta», el Govern quiere promover la reactivación de los cambios de usos en los establecimientos turísticos obsoletos para convertirlos en viviendas de precio limitado, pudiendo transferirse plazas a un particular o darlas de baja, pero siempre prohibiendo que crezca la oferta de alojamiento turístico. Por otra parte, el Ejecutivo va a promover la reconversión y mejora de la oferta turística, estableciendo tres tipologías para la declaración de zonas saturadas y de reconversión, denominación que deja en manos de un acuerdo de pleno del Consell. Se definen zonas de reconversión, con una obsolescencia mayoritaria de las infraestructuras turísticas, zonas saturadas, donde se sobrepasa el límite de la oferta máxima que determinen los consells y zonas saturadas y de reconversión, cuando concurran las circunstancias de las dos tipologías anteriores.

Modernización

Para esas zonas, al estilo de lo que ocurrió con la Ley Turística del 2012, el Govern quiere aprobar un régimen extraordinario de modernización de establecimientos turísticos para proyectos de mejora de la calidad, la desestacionalización y la sostenibilidad ambiental, una posibilidad que no solo se abre para los hoteles, sino también para la oferta de restauración, recreativa, deportiva, cultural y lúdica. En ese sentido, pone sobre la mesa la posibilidad de crecimientos en edificabilidad del diez por ciento en los casos en que sea posible y sin que suponga un incremento de la altura existente.

El Govern hizo ayer especial hincapié en lo ocurrido en los años previos a la aprobación de la moratoria, cuando se registró un crecimiento «descontrolado» en la oferta legal de alojamiento, especialmente en viviendas turísticas. Las estadísticas oficiales dan fe de ese gran aumento. El Ejecutivo pone el foco a partir de 2015, apuntando a la responsabilidad de los gobiernos de izquierdas, a los que también acusa de haber permitido un florecimiento de la oferta ilegal.

En apenas siete años, antes de que se pusiera freno por la vía legal al ‘boom’ de oferta de alojamiento con la moratoria, Menorca ganó cerca de 15.000 plazas, un repunte del 20 por ciento que se ha dado de forma muy desigual entre los alojamientos tradicionales –la planta hotelera en sus diversas tipologías– y la oferta de viviendas turísticas. En el primer caso el crecimiento ha sido del 8,1 por ciento, 4.000 plazas más. En el segundo, del 52,5 por ciento, prácticamente 10.500 camas más.

El apunte

Quiere elevar un 25 % las multas por el alquiler ilegal

Entre su plan de medidas de lucha contra el alquiler ilegal, el Govern pone sobre la mesa la necesidad de endurecer el régimen sancionador. Si logra aprobar en el trámite parlamentario la batería de medidas que presentó ayer, las multas por infracciones tipificadas como muy graves pasarían de la horquilla de los 40.000 a 400.000 a la de los 50.000 a 500.000 euros, un incremento considerable, del 25 por ciento. Lo mismo ocurre proporcionalmente con el resto de sanciones. Las leves pasarían de un importe máximo de 4.000 a 5.000 euros y las graves se moverían entre los 5.000 y los 50.000 euros. No obstante, los propietarios podrán tener una rebaja del 80 por ciento si la vivienda en cuestión se destina a alquiler social o a precio limitado.