Todos estos profesionales han intervenido en la revisión de la norma que define el modelo territorial de la Isla mediante contratos menores, una práctica que contrasta con la última revisión del PTI, aprobada en 2023, en la que el tripartito de izquierdas optó por contratar, mediante un concurso público, a la empresa Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, una compañía especializada en la ordenación del territorio que trabaja con un equipo multidisciplinar. Este gabinete ya había sido el encargado de redactar la norma en 2003. Por su parte, el Partido Popular optó por trabajar con los técnicos de la institución en la elaboración de la Norma Territorial Transitoria, aprobada en 2014, a partir de algunos encargos externos.
Siete contratos menores
La consellera de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent, asegura que ahora no ha sido posible contratar a la misma empresa, por lo que se ha optado por trabajar con expertos locales que conocen bien la normativa. De este modo, hasta un total de seis profesionales han participado en la redacción de informes o en tareas de asesoramiento para modificar el PTI, a través de siete contratos menores que no han superado los 15.000 euros, ni se ha publicitado su contratación.
Entre los profesionales que están trabajando con el Consell destaca el arquitecto Sebastià Pons Fedelich, a cuyo despacho se le encargó el estudio sobre la capacidad de carga turística de la isla, un documento que debía completarse en un plazo de tres meses, pero que finalmente se ha demorado casi un año, sin que los resultados se hayan hecho públicos todavía. Según anunció el PP, este estudio debía servir para levantar la moratoria turística. A Pons Fedelich también se le ha encargado el estudio sobre el suelo vacante en las distintas zonas turísticas de Menorca, lo que permitirá al Consell establecer un límite de plazas distinto para cada zona. Ambos contratos, en conjunto, no superan los 15.000 euros.
Además, el Consell ha encargado al abogado y catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve, la elaboración de otro informe, a través de un contrato menor de 7.000 euros, para definir los criterios del sistema de gestión de las plazas turísticas. De este modo, para determinar la capacidad de carga turística de la Isla, se han adjudicado un total de tres contratos menores.
Por otro lado, se ha encargado la redacción del estudio de evaluación del impacto ambiental a la empresa Abril Consultoría Agroambiental, dirigida por el ingeniero agrónomo y ambientalista Antoni Roca Martínez. Esta elección ha sido criticada por el GOB, que ha denunciado la relación de la firma con dos casos de piscinas ilegales en Menorca, en los agroturismos de Torre Vella y Sant Llorenç, donde la consultora se encargó de la parte ambiental de los proyectos.
El Consell también ha firmado contratos menores con el arquitecto Víctor Ferrer Soler para trabajos de asesoramiento técnico; con Gemma Febrer Van Walre para asesoramiento jurídico; y con AH Consulting Company, una consultora dirigida por el economista Alfons Alférez i Haro, a quien se le ha solicitado apoyo técnico y asesoramiento en la redacción de los documentos económicos necesarios para la tramitación de las modificaciones.
Descarta al abogado Santiago Saura y al arquitecto Miquel García
El Consell ha descartado la participación en la revisión del PTI del abogado Santiago Saura Pradas, que ha estado imputado en el caso Citur, en el que se investiga el presunto amaño de concursos públicos durante el gobierno del PP en el Ayuntamiento de Ciutadella, entre los años 2005 y 2008. Aunque Saura ya había mantenido contactos con la Associació d’Hortals de Menorca, acerca de la posibilidad de ampliar el límite máximo de edificabilidad —que ahora es de 90 metros cuadrados por parcela— para facilitar a los propietarios la legalización de los núcleos aprovechando la modificación del Plan Territorial Insular (PTI), finalmente se desestimó su contratación para la realización de trabajos de asesoramiento jurídico. Lo mismo ocurrió con el arquitecto Miquel García Soler, a quien se consideró para prestar servicios de redacción de documentos técnicos y asesoramiento, pero finalmente se renunció a su contratación.
Se ha contratado a expertos locales por su conocimiento de la normativa
28 comentarios
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Una jugarreta clasica del PP, demanar un dictament amb un resultat predicidit, algo que solament uns amiguets del PP poden fer, pq si haguessin contractat a una empresa professional aixó no hagues passat, pero donar aquest projecte ( i els nostres doblers) a una empresa que ha sigut la responsable de tantes piscines ilegals, es una canallada urbanística (i moral).
ChardonnayQue mos queda VOX???? iluminatis!!!!!
TTJJ JanerLumbreras!!!!!!!!
a ver si van a coger al hermano de pedro sanchez...
La base del ultraliberalismo es que los ricos cada día sean más ricos, y los pobres? Los pobres no existen. Negacionistas de todo lo que no les conviene.
TTJJ Janer"Por sus frutos (hechos) los conoceréis" San Mateo 7,16
TTJJ Janer¿Si es blanco y en botella? Cacaolat!
TTJJ JanerQue hayan puesto a dedo como encargado del proyecto ambiental a la persona que propuso a los hoteles de Alaior construir piscinas ilegales cuando en su proyecto ambiental ponía que tenian que ser aljibes, ya dice mucho de de que intención tiene este consell... Y además contratando a dedo...sin oferta pública ni publicidad
2003 PTI ,2014 NTT, 2023 modificacion PTI, 2025 volvemos a modificar PTI. Si a lo mejor llegarán a algún acuerdo igual para todos y a largo plazo con un poco de sentido común !!!!!!!!
Hay mucha gente implicada y nadie tendrá la culpa si las cosas van mal. Las playas de Cala Blanca desde 1969 las gobernaron entonces y hoy son un espantajo. Protejan sus playas, ese es el futuro.