PIME cree que la medida puede afectar sobre todo a negocios relacionados con el turismo y la hostelería. | Josep Bagur Gomila

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La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Menorca (PIME-Menorca) se opone frontalmente a la reducción de la jornada laboral, que prevé aprobar el Gobierno central, y con la que se pasará de las 40 a 37,5 horas semanales.

Para la patronal esta medida generará una «importante carga económica para autónomos, microempresas y pequeñas empresas», sobre todo afectando «en sectores clave para Menorca como la hostelería, el comercio, el turismo, la agricultura y la industria».

PIME, en un comunicado remitido este martes a los medios de comunicación, esgrimen una serie de argumentos para oponerse a la reforma de la jornada laboral, que se podrían resumir en seis motivos.

Al margen de la realidad empresarial

Uno de los primeros argumentos de la patronal es que la reforma de la jornada laboral «ha sido diseñada sin tener en cuenta la realidad empresarial», que en el caso de Menorca «casi el 100% de las empresas son micro o pequeñas empresas y donde el peso del sector servicios es determinante». PIME recuerda la gran estacionalidad, los costes crecientes (aumentados por la insularidad), una gran presión fiscal y la escasez de personal que ya sufren las empresas, con lo que una medida de este tipo «añadiría más incertidumbre y dificultades para mantener la viabilidad de los negocios».

Sin consenso

PIME denuncia que el Ministerio de Trabajo pretenda adoptar esta medida «actuando de espaldas a la realidad empresarial» y «sin consenso con el tejido empresarial». Lamenta además que la iniciativa tenga «un marcado sesgo ideológico», y que en lugar de fomentar el emprendimiento y la generación de empleo, «se está empujando a muchas empresas a situaciones complicadas». Los empresarios abogan por medidas que «garanticen un equilibrio justo entre las necesidades de los trabajadores y la sostenibilidad de los autónomos y pequeñas empresas, el verdadero motor económico de la Isla», e insisten en un modelo donde «las empresas que voluntariamente adopten esta medida reciban bonificaciones, reducciones de cotizaciones o incentivos fiscales que ayuden a compensar los esfuerzos que supone esta implementación». Desde PIME reclaman que se recupere el diálogo y la negociación con los verdaderos afectados: las pymes, los autónomos y los empresarios.

Más costes, menos competitividad

Uno de los principales argumentos de PIME es que esta medida, que implica una subida de salarios (ya que se trabajarán menos horas con el mismo sueldo), obligará a las empresas a contratar a más personal y por tanto aumentar los costes laborales, «algo inviable para muchas pequeñas empresas que ya operan con márgenes ajustados y se enfrentan a las dificultades para completar la plantilla habitual». Y el resultado de todo ello será una pérdida de competitividad de las empresas.

Alza de precios y afectación al turismo

Con un aumento de los costes laborales, las empresas no les quedará otra que subir los precios de los productos que ofertan, lo que puede propiciar un aumento de la inflación. Asimismo esta alza de precios puede afectar seriamente al principal sector económico de la Isla, el turismo, ya que el destino se encarecerá, con el doble riesgo que esto puede suponer, como ya han advertido los turoperadores, que o bien pueden buscar otros destinos más asequibles o apostar más por el sistema del todo incluido.

Cierre de empresas y menos empleos

El gran temor de PIME es que la pérdida de competitividad y el aumento de los costes que puede conllevar la reducción de la jornada laboral haga muchas empresas no tengan garantizada su viabilidad, y se vean abocadas al cierre, con la consecuente pérdida de empleos. «Si no se corrige este rumbo, la reducción de la jornada laboral pasará de ser una aparente mejora social a una grave amenaza para el empleo y la economía de Menorca», aseguran los empresarios.

Afectación al Estado del bienestar

Asimismo, y ligado a una hipoteca cierre de negocios y destrucción de empleo, PIME recuerda que «el tejido empresarial es quien financia gran parte del sistema público a través de su actividad, de los impuestos y de las cargas sociales». Y que gracias a estas aportaciones se pagan las pensiones, las ayudas sociales y los servicios esenciales. «Si queremos que la economía siga siendo el motor de bienestar social, debemos evitar decisiones que asfixien al empresario», concluye la patronal.