En 2023, el Consorcio impuso 119 multas de este tipo, y hasta el 21 de noviembre de este año ya eran 173 las multas tramitadas. El incremento de estos expedientes es tan grande, que incluso ha obligado al Consell a contratar a un nuevo administrativo que se dedicará íntegramente a gestionar esta problemática.
El aumento de las penalizaciones coercitivas coincide con el descenso en el número de nuevos expedientes de restitución y sanción, que hasta el 21 de noviembre era de 36, muy lejos de los 110 expedientes que se abrieron en 2020, aunque por encima de los 30 que se iniciaron en 2023. En estos momentos, el número total de expedientes abiertos es de 335, de los cuales 83 -es decir, una cuarta parte- han derivado en la imposición de multas coercitivas, ante la negativa de los infractores a acatar las órdenes de restitución dictadas.
Forzar la orden de derribo
Las multas coercitivas siempre derivan de un expediente previo de restitución, y suponen una penalización del 10 por ciento de la sanción impuesta, una cantidad que se añade a la multa original, y que debe servir para forzar el cumplimiento de la orden de derribo. El Consorcio envía hasta un máximo de doce multas coercitivas, momento en el cual el ente debe hacerse cargo de la ejecución subsidiaria de la orden, lo que deriva en un embargo y en la contratación de una empresa para que ejecute la demolición.
Respecto al descenso en la apertura de nuevos expedientes, la consellera Núria Torrent lo atribuye a la mayor complejidad de las últimas diligencias, que han requerido informes más largos y más tiempo de trabajo. «Los años en los que las tramitaciones son más complicadas se hacen menos expedientes, porque requieren más tiempo de los funcionarios», señala. La consellera también apunta hacia el proceso de estabilización de los funcionarios, que se puso en marcha en 2023, y que ha restado recursos humanos a las tareas habituales.
Por otro lado, algunos de los expedientes que se han incoado durante el último año no responden a la iniciativa inspectora y de control del Consorcio, sino a denuncias de particulares y entidades como el GOB. Es el caso de la sanción a Menorca Experimental, que se enfrenta a dos millones de multa por la construcción de nueve piscinas ilegales, o la penalización de 3,5 millones a la finca de Algaiarens por diversas construcciones ilegales y usos no permitidos en una zona de máxima protección. También ocurrió lo mismo con la construcción de un circuito de motocross ilegal en una finca de Binixíquer. En este sentido, Torrent asegura que desde el Consorcio se realizan habitualmente tareas de vigilancia, pero lamenta que es muy difícil abarcar todo el territorio. «Es más fácil que nos avise un vecino, y por ello nosotros valoramos mucho la colaboración ciudadana, porque nosotros no tenemos suficientes ojos», remarca. Para mejorar la capacidad de vigilancia, el Consell contratará, mediante fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), y en el marco de la lucha contra el alquiler turístico ilegal, la realización de fotos aéreas de gran calidad, que también servirán a los técnicos del Consorcio. Asimismo, se comprará un nuevo vehículo que se adapte a los caminos estrechos.
Ciutadella es el municipio de la Isla donde se han realizado más inspecciones desde 2019, con 141. Le siguen Maó, con 93, y Alaior, con 80.
El apunte
El Consell contratará a un gerente y a un administrativo para reforzar la plantilla
15 comentarios
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Kapakme pregunto qué intereses tienes en defender esto...
Kapakesa regulación no es insular, es por ayuntamiento, y se corresponde al PGOU de Ciutadella en específico, no tienes ni idea.
Las multas coercitivas -cuando son muy elevadas- no sirven de nada porque los infractores no tienen dinero para pagarlas.
Es cierto eso o es una cortina de humo haciedonos creer lo que dicen para que no les critiquemos ?
Turrón y cavaPor resumir: no tienes ni idea. Las multas en general que impone el Consorcio, en las que se incluyen también las coercitivas, tienen que ver con ilícitos urbanísticos no prescritos. Lo que se podrá legalizar -e insisto, me parece una aberración la norma que lo permite- se limita a construcciones ilegales con la infracción prescrita. Por tanto, la intersección de ambos conjuntos, lo que se puede legalizar y lo que se está multando, es el conjunto vacío.
VayaCagadaFoteuEso no es verdad. Leete el PTI antes de hablar
No se porque tanto ruido e incrementar un gasto inútil que tendremos que pagar todos los menorquines. Sabemos que a través de la regularización-amnistía o modificación del PTI se podrán legalizar todos estas construcciones, porque 5.000 hortales son muchos votos y el partido que se oponga o no solucione este embrollo tiene las elecciones perdidas, porque os creéis que tiene en poder del Consell en sus manos el PP, porque prometió que arreglaría todo esto. Y de no hacerlo estos 5.000 propietarios formaran un partido y tendrán en sus manos el Consell. Los huertos de autoconsumo son una herramienta imprescindible para afrontar la situación actual de subida exagerada de precios. También porque los huertos particulares forman parte de nuestra cultura mediterránea, del paisaje y de nuestra gastronomía. Como ejemplo os pongo, esta semana me llamo un amigo diciéndome que tiene el piso para vender y si sabia de alguien interesado, porque el con la pensión no podía llegar a final de mes y se iba a vivir a la caseta del huerto, donde solo pagaría el IBI y el agua, porque tenia una buena chimenea y había instalado unas placas solares, teniendo solucionado el tema de la luz, y con lo que recolectaba, cuatro gallinas, cuatro conejos y un par de cerdos, al supermercado iba una vez al mes para lo imprescindible. Y esto le permitía estar ocupado y tener una buena salud mental.
Sabéis que quien tiene más de 100.000m2, por ley, puede edificar? Menorca es un caso especial, donde gente relativamente pobre defiende leyes que solo benefician a los ricos...
Financiar una cosa amb ses sancions no deixa de ser preocupant...es com si es salari d' un policia anigues lligat a cuantes multes posa o gent tanca a sa preso.
Dejad de meteros con la gente que se hace una casa en el campo. Los que de verdad construyen y contaminan a su gusto (Madei...) entran a hombros de los políticos, y obtienen todas las licencias que quieren.