El aerogenerador 4, desmontado a finales de 2022, sigue en el suelo, mientras los otros tres esperan a ser desmantelados | Gemma Andreu

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Habrá que esperar para ver desaparecer del paisaje del levante insular los tres viejos aerogeneradores del parque eólico de Milà. El Consell anunció el pasado mes de junio que el desmantelamiento de los molinos era una cuestión de urgencia que se debía  acometer cuanto antes «sobre todo por el peligro de tener una instalación vieja y en desuso susceptible de romperse», como ya ocurrió en 2022 con el aerogenerador número 4, que hubo que desmontar de urgencia. Sin embargo, pasados cinco meses de ese compromiso, el Consorcio de Residuos y Energía aún no ha llegado a sacar a concurso público para contratar los trabajos.

El director insular de Medio Ambiente, Mateu Aínsa, reconoce que le hubiera gustado que el proceso hubiera sido más ágil. Ya tienen el proyecto redactado y la documentación para iniciar el proceso de licitación está siendo revisada por los servicios jurídicos. El nuevo plazo que, desde la prudencia, manejan en los despachos de la Plaza Biosfera apunta ahora a mediados del año próximo, aunque nadie pone la mano en el fuego, más teniendo en cuenta que los procedimientos de licitación tienden a demorarse.

Una vez formalizado el contrato, que tendrá un coste de unos 620.000 euros, se espera que la ejecución de los trabajos no se alargue más allá de un mes, aunque todavía no se pueden hacer públicos los plazos legales de ejecución que figurarán en las bases del concurso para una contratación que incluirá –abaratando los costes– la venta como chatarra del viejo molino que hubo que desmontar de urgencia en diciembre de 2022. Su ‘cadáver’ sigue dos años después criando óxido en el suelo junto al Área de Gestión de Residuos.

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Para desmontar los molinos que siguen en pie tendrán que desplazarse dos grandes grúas a la Isla. Se trata de una actuación que no solo urge por seguridad, sino también por motivos económicos. Cabe recordar en este punto que aunque el parque, que este año ha cumplido sus 20 años de vida útil, ya no está operativo, sigue generando elevados costes de mantenimiento que vienen a engrosar el agujero económico que arrastraba en los últimos años la instalación –a una media de unos 200.000 euros anuales de 2020 a 2023–, debido a las constantes y prolongadas averías, que redujeron su nivel de producción a niveles críticos.

El anemómetro, después

Aunque en un principio estaba previsto que se adjudicaran en el mismo contrato las labores de desmantelamiento y la instalación de un anemómetro para medir la fuerza del viento con la vista puesta en el llamado proyecto de repotenciación del parque eólico, finalmente por la diferente índole de las actuaciones se ha optado por hacerlo de forma dividida. No es hasta que el proceso de licitación del desmontaje esté avanzado, cuando está previsto sacar a concurso público la instalación de la antena y la recopilación de los datos que ofrezca sobre la fuerza del viento a diferentes alturas, con un coste de unos 240.000 euros. Ambas inversiones están recogidas en los presupuestos del Consell del año que viene con una partida conjunta de 820.000 euros

Hay que tener en cuenta que se necesita como mínimo un año de medición de la fuerza de viento para poder sacar conclusiones sobre la dimensión idónea de los nuevos aerogeneradores. En un principio se habían planteado tres de una altura de cien metros, el doble de los actuales. Sin embargo, desde el inicio de mandato el equipo de gobierno del PP ha mostrado dudas sobre su necesidad y estas dudas han crecido a la vista de los proyectos de energía eólica marina que se plantean frente a la costa de Menorca.

El apunte

El parque genera un gasto de cerca de 100.000 euros sin estar operativo

A pesar de que el parque eólico de Milà ya no está operativo, los presupuestos del Consorcio de Residuos y Energía para el año que viene reservan un partida global de más de 96.000 euros de costes derivados de su mantenimiento que son necesarios hasta que no se lleve a cabo el desmantelamiento. La cifra incluye también otros conceptos como el pago de seguros, tributos locales, un canon por el derecho de superficie y otros gastos como los relacionados con el consumo de energía. Con el parque cerrado, lógicamente en 2025 no hay ingresos previstos por la veta de electricidad.