El gobierno del Consell incluyó una partida de ingresos de capital desde el Govern de 9,9 millones de euros para llevar a cabo inversiones en materia de carreteras. | Gemma Andreu

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Los presupuestos del Consell, como los de cualquier institución, siempre han sido una declaración de intenciones, una estimación inicial que suele acabar distando mucho de la realidad de las liquidaciones, pero pocas veces las previsiones de ingresos de la máxima institución insular se han echado a perder con tanta rapidez. En las cuentas para el año que viene, presentadas el pasado 22 de noviembre, el equipo de gobierno de Adolfo Vilafranca incluyó una partida de ingresos de capital desde el Govern de 9,9 millones de euros para llevar a cabo inversiones en materia de carreteras, centradas en las actuaciones que considera urgentes en la carretera general (Me-1), pero en 2025 va a recibir como máximo cuatro millones.

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Es la cantidad que le queda al Ejecutivo de Marga Prohens de los 40 millones reservados en el proyecto de presupuestos de la Comunidad para conveniar con los consells insulares la transferencia de fondos para la mejora de las carreteras, después de que el 11 de noviembre anunciara la firma del convenio con el Consell de Mallorca, por valor de 30 millones de euros, y que el 28 de noviembre se haya anunciado la firma de otro protocolo con el Consell de Eivissa para destinar seis millones a la mejora de la red viaria de la Pitiüsa mayor. A la espera de conocer si también se firmará convenio con el Consell de Formentera, solo quedan cuatro millones de los fondos reservados por el Govern para ayudar a los consells insulares, mientras se continúa batallando la firma de convenios de carreteras con el Gobierno central para sufragar las cantidades pendientes para inversión en las infraestructuras más allá de las partidas del Régimen Especial de las Illes Balears. El previsible recorte en la cantidad que el Consell fiaba recibir del Govern para arreglar la ‘general’ obligará a recurrir a ahorros o bien un crédito bancario.