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Joan Rosselló Mas puso fin este sábado a su etapa de tres años al frente del servicio insular de extinción de incendios. Llegado de los bomberos de Palma y con gran experiencia internacional, en 2021 se trasladó en comisión de servicios a Menorca, donde ha impulsado la profesionalización y estabilización de la plantilla, pero ha topado con el nuevo gobierno del Consell que, «al no seguir criterios técnicos y de transparencia», le ha hecho vivir episodios inauditos.

¿Qué balance hace? —Muy positivo a nivel operativo, ya que se ha reestructurado y consolidado el servicio. El conseller de aquel momento confió mucho en mi proyecto y se ha logrado una gran integración operativa de todos los cuerpos de emergencias en la Isla.

¿Quería seguir? —Mi idea era finalizar ya. Siempre he defendido que los responsables debemos funcionar por proyectos. Además, en mi caso estaba ya próxima la jubilación y quería dejarlo todo listo. Habría continuado para acabar lo que se ha quedado a medio camino. Hemos aumentado la plantilla hasta los mínimos que se requiere, pero la burocracia lo ha frenado. La administración es un dinosaurio reumático y los cuerpos de emergencias necesitan estabilidad. Los bomberos deben tener experiencia y no estar sujetos a contratos temporales, ya que solo una estructura sólida ayuda a que arraiguen y traigan a sus familias aquí. En Mallorca hay muchos profesionales de fuera que han arraigado. En cambio aquí…

¿Por qué no ha sido posible? —Porque el Consell no ha empatizado con el servicio, ni con la normativa y seguridad que lo envuelve, y ha dictado el requisito de tener la residencia obligatoria en la Isla, sin ningún razonamiento técnico. Es algo que no hemos llegado a entender porque contradice lo que se había acordado meses atrás. Hace más de un año se crearon plazas de estabilización, porque había bomberos que llevaban hasta 16 años como interinos, y parecía imposible limitar el acceso solo a quien residiera en Menorca. Pero ahora resulta que se exige que los nuevos aspirantes deben estar empadronados y vivir aquí. Técnicamente no es una razón, porque el día de la DANA se demostró que cuanta más gente tengamos en diferentes lugares más opciones tendremos de poder intervenir. Ese día hubo efectivos que residen en Maó, Sant Lluís y Es Castell con plaza en Ciutadella que no pudieron desplazarse, pero sí desde Mallorca, y eso nos vino bien.

¿A cuánta gente afecta? —Ahora hay apenas media docena de bomberos de fuera. Pero el director insular de Recursos Humanos, en una reunión, minimizó esta obligación y dijo que era solo un trámite. Ahora convocan plazas de sargento, incluida la que yo dejo vacante, con requisitos que saben que ninguno de nuestros bomberos cumple. Eso quiere decir que el nuevo responsable que nombren no cumplirá el requisito de residencia o el nivel de formación exigido. Por tanto, se contratará de forma un tanto irregular.

¿Ya sabe quién es? —No, porque todo en este equipo político se hace en la sombra. Hemos vuelto a la dedocracia, algo que no me había ocurrido nunca. Al poco de empezar, se me dijo que debía colocar a un señor en un cargo. Razoné entonces que se debía ser equitativo y transparente y que cuando a este señor le correspondiera ya se le nombraría. No reunía los requisitos necesarios y me negué.

¿Se trata del alcalde de Es Castell, Lluís Camps, también bombero? —Sí. El conseller (Simón Gornés) me pidió en un correo electrónico que lo colocara en la comisión de emergencias. Nunca, nunca, en mis 21 años de mando, me habían pedido algo semejante. Y también se nos prohibió que habláramos con la prensa, lo que tampoco no me había ocurrido.

¿Es lo que ha provocado la desconfianza hacia usted? —Sí, haberme negado a aceptar temas al margen de la transparencia les ha generado rechazo. La desconfianza la noté desde un principio, desde que me prohibieron atender a los periodistas. Pero es que nombrar a dedo a una persona... No ha sido el único episodio. Un alcalde y una concejala de otro partido también me presionaron para que no revelara una irregularidad.

¿A qué se refiere? —El alcalde de Maó (Héctor Pons) me presionó, estando el conseller delante, porque el edificio del parque antiguo es ilegal y desde 2018 cuenta con una orden de demolición.

¿Y no se toman medidas? —El problema es que en ese edificio está la agrupación de Protección Civil y el Consell no se hace responsable por estar fuera de ordenación y tener personal ajeno. Se han realizado obras, alberga material particular, piscinas infantiles, un tobogán… Realizan actividades no reguladas y desconocemos quién entra y sale. Circulan por la salida y entrada de vehículos de emergencia, algo prohibido, ya que en caso de una urgencia podría haber un atropello. Tan solo pedí que se regularizara por escrito y se pusiera orden para evitar accidentes. Se llevó a cabo una inspección de Trabajo y se exigió poner solución inmediata al problema, limitando el espacio y acatando la orden de demolición.

¿De qué forma le presionaron? ¿Qué le dijo el alcalde? —Qué me creía yo, que hasta aquí podíamos llegar, y si lo denunciaría. Y yo le comenté que claro que lo haría, puesto que si algo sucedía yo era el responsable. Fue en ese momento cuando esgrimió la orden de demolición. El Ayuntamiento tiene otros edificios en los que alojar a Protección Civil. ¿Por qué, entonces, deben estar en un inmueble del Consell sin mediar ningún convenio?

¿Dice que el conseller también estaba delante? —Sí, y el director insular (Antonio Periano), y ambos apoyaron al alcalde. Todos contrarios a regularizar y poner orden. Luego se molestaron incluso porque di cuenta de la situación de Protección Civil al Govern balear y les llamaron la atención. Pero también hicieron caso omiso.

¿Quién avisó a Inspección de Trabajo? —Acudió por la denuncia de un sindicato a inspeccionar los dos parques. Dio la orden de que no se hiciera ningún uso del edificio, pero nadie ha hecho nada. Es más, el director insular hizo lo contrario. Prohibió de palabra a los bomberos dejar los camiones delante del edificio antiguo y permitió que los de Protección Civil aparquen sus coches particulares allí, lo que está prohibido por la ley. Es el mundo al revés.

¿Qué reacción espera del Consell y el Ayuntamiento? —Espero que sirva para poner solución a un problema que involucra la salud y seguridad de las personas. Hay vidas en juego.

Sin promoción interna, ¿quién será su sustituto? —Ya teníamos programada y estructurada la formación para sargento, esencial para ejercer el cargo, pero el director insular y la jefa de Recursos Humanos fijaron que para acceder a la formación deben hacerse unas bases de concurso. Existe una necesidad extrema de tener profesionales titulados porque los jefes de los dos parques deben cubrir todos los turnos, aproximadamente 7.800 horas. Así que no se respeta la jornada laboral, ni los descansos, ni las vacaciones. Y ahora, para ejercer de sargento, únicamente se pide antigüedad y el C1 de catalán, pero no exigen ni formación, ni experiencia en bomberos. Es como dejarte conducir sin tener el carnet, y eso resulta inconcebible. No he visto nunca un jefe de Policía que no sea policía y que cumpla todos los requisitos. En cambio, cualquiera puede ejercer como mando de bombero, si tiene estudios secundarios o una licenciatura y manifiesta la intención de formarse, como si un médico pudiera ejercer solo con el Bachiller y la intención de realizar la carrera. Lo lamentable es la connivencia de los dos sindicatos con representación en el Consell, que lo aceptan.

¿Entonces, el próximo jefe de los bomberos no será bombero? —Sí. Puede que el nuevo jefe insular no tenga conocimiento ni experiencia. Le pedí al conseller que me facilitara las bases, porque se había comentado en una reunión que ya tenían a alguien en el punto de mira, y eso quiere decir que se han realizado a medida o pensado a dedo.

¿No es eso negligente? —Claro. Trabajamos con vidas. Hay que acumular mucho conocimiento y experiencia para tomar la decisión correcta. Pero desde Recursos Humanos la respuesta es que esto es Menorca, cuando la legislación es la misma y a las vidas no se les puede poner precio. Es muy fuerte.

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