Cubos de basura en una de las estructuras montadas para la recogida puerta a puerta en el centro de la localidad de Es Castell | Katerina Pu

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El alcalde de Es Castell, Lluís Camps, anunció este lunes la creación de una nueva línea de ayudas destinada a la dinamización de los comercios de la localidad, para la cual se reservarán en principio 100.000 euros y que se contemplará en el presupuesto municipal de 2025. Se trata de «otra acción», afirmó, «para amortiguar» el impacto sobre el tejido comercial del «tasazo» de basuras cuya obligatoriedad, subrayó, «viene impuesta» por el Gobierno central y que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) quiere reconducir.

Pero de momento la tasa sigue al cobro y el gobierno municipal se reunió este lunes por la tarde con representantes de la Asociación de Comerciantes de Es Castell para intentar calmar los ánimos y alentarles, en palabras del alcalde, a presentar alegaciones individuales exponiendo sus circunstancias concretas para que los técnicos revisen cada caso.

Los establecimientos se quejaron la semana pasada de la falta de información y de unos recibos que consideran injustos y demasiado elevados.

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Lluís Camps y su equipo este lunes en rueda de prensa | Gemma Andreu

El alcalde Lluís Camps, acompañado de los concejales del PP y del de IPEC, fue duro en su respuesta a las críticas hechas públicas por Som Es Castell, grupo al que acusó de «deslealtad, oportunismo e hipocresía» y de generar «crispación» en el pueblo. Para los pequeños negocios, y también los domicilios, prometió sucesivas revisiones de la ordenanza fiscal ahora en exposición pública hasta «ajustar la tasa todo lo posible».

Exposición pública

La ordenanza modificada y aprobada de manera provisional, con los votos de PP e IPEC y la abstención del PSOE y Som, se encuentra en exposición pública hasta el 12 de diciembre. En la norma que regirá los recibos de 2025 se han aumentado los tramos para domicilios y comercios y se ha rebajado la cuota fija domiciliaria de 110 a 100 euros y de 80 a 50 euros para los establecimientos. De cualquier modo, Camps no renuncia a incorporar más modificaciones en una «ordenanza viva», dijo, incluso estudiar si introducir una tarifa plana y una parte variable.

La nueva tasa no deriva del servicio puerta a puerta, aclaró el alcalde, se tendría que pagar igual por ley de no aplicarse este sistema, aunque implantarlo ha permitido a Es Castell cumplir «con holgura» la obligación de preparar en origen como mínimo el 50 % de los residuos para su tratamiento, superando el 80 %, lo que le da «margen» de evitar sanciones cuando, en abril de 2025, ese nivel de reciclaje se exija a todos los municipios.

Estabilidad presupuestaria

La reactivación de las reglas de estabilidad presupuestaria en 2024 ha limitado la capacidad de maniobrar del Ayuntamiento, declaró Lluís Camps, preguntado sobre la posibilidad de haber bonificado la tasa este año para no cobrarla al 100 por cien, ya que no es obligatoria hasta 2025, como proponía el PSOE.

En este punto el alcalde apeló a esa regla de gasto, que se había relajado en los años de pandemia y con la guerra de Ucrania, y recordó que al recuperar la alcaldía en junio de 2023 se encontró «un déficit presupuestario del 12 por ciento», por lo que fue necesario cuadrar las cuentas municipales para no poner en riesgo la prestación de otros servicios.

Camps criticó que el anterior gobierno de PSOE y Som tuvo, desde que se firmó el convenio con el consorcio de residuos para el ‘puerta a puerta’, en diciembre de 2020, dos años y medio antes de que acabara el mandato «para  preparar la ordenanza y no dejaron nada». También les reprochó haber dejado el cambio de sistema «muerto en un cajón» para no crear polémica antes de las elecciones de 2023.

Por su parte, el PSOE desmintió este lunes en una nota de prensa que la tasa sea «una herencia» de su mandato, al tiempo que criticó al alcalde por «confundir a la opinión pública». Los socialistas recuerdan que los recibos derivan de la ordenanza aprobada por PP e IPEC sin que hayan querido recoger sus propuestas.

El apunte

La FEMP pide reformar la ley estatal que hace el recibo obligatorio

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pidió en su última junta de gobierno, de forma unánime, una nueva normativa sobre la tasa de basuras, así como crear un grupo de trabajo para reconducir la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular de 2022.Dicha ley obliga a los ayuntamientos a repercutir en los vecinos y comercios el coste de la recogida, transporte y tratamiento de residuos. Según la presidenta de la FEMP, María José García Pelayo, «Europa nos dice que tenemos que cuidar de nuestros municipios y ciudades, que sean verdes y sostenibles, que quien contamine pague, pero no obliga a crear una tasa», saltándose la autonomía local, criticó.