La delegación menorquina estaba formada por el presidente de PIME, Juan Carlos Fernández, el vicepresidente, Javier Pons, la secretaria general, Maria Garcia, y el director general, Jordi Bosch.
Durante la reunión, expusieron las necesidades más destacadas para el empresariado local, empezando por una reducción de la carga burocrática a la que se ven obligadas las empresas. «Es una maraña de normativas que hace perder competitividad contra las grandes empresas, que tienen gabinetes enteros para eso, a diferencia de un fontanero o una empresa con cinco empleados», comparaba Fernández. Sobre esto, Prohens comunicó que el Govern trabaja en la creación de un cargo u organismo para estudiar y simplificar la normativa, eliminando duplicidades o gestiones innecesarias, señalaba el presidente de PIME.
Otras reivindicaciones de las empresas menorquinas es la búsqueda de soluciones contra el ausentismo laboral, la falta de motivación de la gente por encontrar trabajo y la dificultad que existe a la hora de encontrar personal, pese a que «siempre dicen que hay 6.000 personas en paro» en la Isla.
En cuanto al Régimen Especial Balear (REB), «está muy bien, pero son pocas las empresas que pueden cumplir los requisitos para una reducción de impuestos», y el transporte «sigue siendo un handicap» para las empresas insulares. La reducción de la jornada laboral y la necesaria limpieza de torrentes para ayudar a la agricultura y evitar riadas, fueron otras cuestiones que se pusieron sobre la mesa.
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