Antoni Mercant, director general de Ports, en una imagen de archivo.

Antoni Mercant, director general de Ports, en una imagen de archivo. | M. À. Cañellas

David MarquèsCiutadella16/09/24 4:00
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Los pasos que está dando la concesionaria del Lago de Cala en Bosc no son del agrado de la administración autonómica. El director general de Ports de les Illes Balears, Antoni Mercant, asegura que ofrecer acuerdos a los cesionarios para después de abril, cuando acaba la concesión, «es simplemente ilegal, pues no puedes ofrecer algo que no sabes si todavía será tuyo en mayo».

Mercant anuncia la convocatoria de un nuevo concurso público para la adjudicación de la dársena del Lago, pero recuerda que, en todo caso, Nexport siempre tendrá derecho de retracto, es decir, podrá igualar el canon máximo que ofrezca cualquier otra empresa que se interese por gestionar el puerto deportivo.

En cualquier caso, la administración aún no ha publicado ninguno de los trámites previos necesarios para convocar el concurso, lo que hace preveer que en abril todavía no se haya resuelto.

La concesionaria avisa

El gerente de Nexport, Gabriel Cerdà, recuerda en este sentido que, tenga o no la concesión, la sociedad está obligada por ley a seguir prestando el servicio hasta que entre el nuevo adjudicatario.

El gerente de Nexport, Gabriel Cerdà, aún confía en que Ports resuelva a su favor la ampliación de la concesión, pero dice que la documentación que se le ha hecho llegar estos últimos años es «confusa» y teme que se haya incurrido en un «fraude de ley». Así que, de no mediar resolución antes de abril, la sociedad recurrirá a la vía contencioso-administrativa en defensa de sus derechos.

Cerdà aclara además que, según los informes jurídicos que ha encargado y en aplicación de la normativa en vigor, ya no es posible prorrogar la condición de los cesionarios. «No se puede permitir hipotecar un amarre, porque luego muchos siguen ostentando este derecho pese a no tener ya barca propia», afirma. «De esta forma, evitaremos que quien solo hace uso de su embarcación una o dos semanas al año siga ocupando un amarre de base».

Según Cerdà, su idea es «reordenar» el puerto deportivo para dar un mayor abrigo a los 207 amarres de base y dejar los 69 de tránsito más hacia el exterior y, por tanto, menos protegidos de las inclemencias del tiempo.

El apunte

Los afectados: «La ley nos faculta a comprar los amarres y al precio de Ports»

El abogado Guillem Gonyalons, uno de los cesionarios afectados, es quien ha destapado la «incongruencia» en el proceder de la concesionaria, a la que se ha dirigido, al igual que a Ports, para conocer si existe algún acuerdo aprobado para después de abril. Pero no ha hallado «ningún fundamento legal» que justifique su proceder. «Todo silencio administrativo es negativo y, por tanto, si no se han contestado los recursos, debe entender que se ha rechazado su petición», remarca.

Gonyalons también rebate la intención de Nexport de reconvertir su derecho como cesionarios y ofrecerles solo un amarre de alquiler más caro, que deberán ir renovando anualmente. El afectado desmiente a la empresa y dice que «la ley nos faculta a poder comprar estos amarres en propiedad y en base a las tarifas que fije Ports».

El recelo ante los pasos dados por la concesionaria ha movilizado a un grupo de usuarios, que se organizan para resucitar la antigua asociación de amarristas, que presidirá Tolo Torres. Gonyalons los reunirá en octubre para trasladar conjuntamente su demanda a Ports.