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Julio de 1985. Dimite Miguel Boyer. Felipe González nombra ministro de Economía a Carlos Solchaga y de Administraciones Públicas a Félix Pons. Alfonso Guerra viene a veranear a Menorca. Reside en Son Parc.

También llega a la Isla una joven jueza, Isabel Perelló Doménech, catalana de Sabadell, que, a los 27 años, empieza a ejercer como única juez de Primera Instancia para toda Menorca.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, tras haberse especializado en Criminología, accede, por oposición, a juez de ascenso. Elige Menorca como destino tras marchar de Carballo (La Coruña). Su etapa menorquina transcurre entre 1986 y 1988, cuando se incorpora a la Audiencia de Barcelona.

Quienes trabajaron con ella, como el juez de distrito y fiscal Carlos Seguí Puntas, entonces secretario del Juzgado de Maó, destacan el «trato humano» de la hoy presidenta del Consejo General del Poder Judicial. «Supo integrarse y actuó siempre con gran profesionalidad», afirma Seguí. Una opinión similar expresa el funcionario judicial Antonio Mercadal Femenías, que se refiere a la «serenidad de la jueza, que se llevaba expedientes a su casa para estudiarlos sin la presión, las vistas y declaraciones durante la mañana». Recuerda Mercadal que    «no tuvo empacho en trasladarme como oficial de lo Penal a lo Civil para mejorar la relación con algunos abogados. Le manifesté mi incomodidad, pero actuó con decisión».

Perelló, que calificó Menorca de «isla muy tranquila», se curtió con la violación y asesinato de la joven francesa de 19 años Veronique Bousbib, en agosto de 1987. La instrucción fue rigurosa y sin errores. La jueza no dejó ningún cabo suelto y el autor fue condenado por la Audiencia de Palma a 40 años de prisión.

Coincidió con el entonces capitán de la Guardia Civil en Menorca, Miguel Tugores    Vicens, forjando una leal relación de trabajo para investigar y esclarecer destacados ilícitos penales    de difícil resolución.

El hoy fiscal general del Estado, Álvaro Ortíz, también empezó su carrera profesional en Menorca. Maó fue su primer destino en 1998.

La cúpula judicial de España: la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo y el fiscal general del Estado descubrieron en Menorca el ejercicio de la Justicia.