Los operarios desmontaron el miércoles el radar situado a la salida del pueblo para trasladarlo a Sant Tomàs. | Katerina Pu

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La gestión de los radares de Es Migjorn está bajo la lupa del PSOE, que considera que la alcaldesa 'popular', Antònia Camps, está actuando con «cero transparencia». Los socialistas critican que el Ayuntamiento no haya informado debidamente del cambio de ubicación del aparato que estaba ubicado en la salida de la localidad, en dirección a Sant Tomàs, y que ahora se situará en la urbanización: «Han tenido que ser los medios de comunicación los que finalmente han informado al pueblo», lamentan.

«Todo lo que envuelve la gestión de los radares en Es Migjorn es sospechoso desde el principio, desde que se instalaron y no se esperó el tiempo suficiente como para que la gente se acostumbrara y desde que se dio a conocer que la empresa que los instaló recibiría el 59 por ciento de los beneficios de las multas», expone el concejal socialista Pepe Mercadal, que denuncia que «ahora de repente retiran el radar que más multas pone y lo colocan en Sant Tomàs para poner otro donde lo han quitado».

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Fuentes municipales confirmaron a este diario que, con este cambio de ubicación y la instalación del radar fijo en la zona más equidistante de la Avenida Central de Sant Tomàs, el radar móvil de la urbanización se utilizará ahora en el pueblo, aunque dadas sus características dinámicas no se activará a diario como sí lo estaba el que tantas sanciones ha provocado.

«¿Supone esta retirada momentánea del radar un cambio de opinión? ¿Se han dado cuenta de que había alguna cosa mal hecha?», se preguntan los socialistas, que exigen a Camps que «deje de esconderse y dé explicaciones públicas». Le achacan que haya demostrado «muchos nervios e inquietud» durante las mociones y preguntas que ha presentado el PSOE en los plenos y le piden que «sea de una vez transparente con este tema».

Además, subrayan que «lo más grave de todo» es que el Ayuntamiento «haya ignorado todas las peticiones de documentación de los socialistas», un hecho que califican de «clara obstrucción intencionada al trabajo de la oposición».