Bloques de viviendas frente a la Sínia des Muret en Maó, limítrofes con el municipio vecino de Es Castell. | Gemma Andreu

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Partiendo de la escasez de pisos que salen al mercado del alquiler, quien se decide a arrendar, debido a las normativas que dificultan el desahucio cuando se producen impagos, cada vez es más exigente en las condiciones que pone a los inquilinos. «Solo admiten a gente de solvencia demostrada, arraigada en la isla, que consideran que cumplirá y pagará el alquiler, el acceso está cada vez más difícil», asegura Isabel Petrus, voz experta del sector inmobiliario menorquín y directora de la empresa Casas en Menorca.

La agente cree que las normativas aprobadas para proteger a inquilinos vulnerables están dificultando aún más la búsqueda a quienes pretenden una casa en alquiler, «favorecen a quienes ya están dentro pero no al que tiene que entrar», apunta, al mismo tiempo que considera necesario «proteger a las personas vulnerables pero alguien tendrá que responsabilizarse de pagar a esos propietarios que utilizan ese alquiler para pagar la hipoteca de la casa o redondear su pensión si son jubilados».

La criba de aspirantes para las pocas casas que salen en alquiler es tan arriesgada que las agencias ya no quieren realizarla, «como agencia ya no asumo esa responsabilidad de elegir al inquilino», es algo que realiza el propietario y si este contrata un seguro para cubrirse de posibles impagos, entonces la selección es más dura, las aseguradoras no aceptan personas con riesgo de no poder pagar o entrar en la categoría de vulnerables. Petrus afirma que «hay que encontrar soluciones que nos impliquen a todos» y considera que la ley estatal de vivienda «ha cerrado las puertas al alquiler, a todos aquellos de buena fe que quieren alquilar», concluye.