Los detalles del ‘caso Nerer': ¿Qué se investiga y quiénes son los imputados?

¿Qué se investiga?

El origen del caso Nerer son dos operaciones de permuta hechas por el Ayuntamiento de Ciutadella durante el mandato de Llorenç Brondo y el concejal de Urbanismo, Avel·lí Casasnovas (PP), ejecutadas en 2006, por las que se investiga un posible perjuicio de las arcas públicas de hasta 2,3 millones de euros. La primera permuta fue de los terrenos de s'Hort d'en Llinyà (actualmente parte de la zona pública del Canal Salat), que el empresario Jaume Gelabert cedió al Ayuntamiento a cambio de un solar en Santandria, otra parcela en Dalt Sa Quintana y 50.000 metros cuadrados de suelo industrial, con una tasación conjunta superior a la de los terrenos de s'Hort d'en Llinyà. Esta primera permuta finalmente la juez no vio indicios de delito, y la ha sacado de la causa. La otra permuta es la que da nombra al caso, por el intercambio del edificio de Can Saura Morell (que actualmente acoge el Centro de Arte y el Archivo Histórico de la ciudad) por el solar conocido como la ‘joya de la corona', donde se construyeron 40 pisos a primera línea del paseo marítimo. La empresa Nerer, creada en 2003, compró el Saura Morell por 1,9 millones y lo cede al Ayuntamiento por el solar del paseo marítimo, tasado por 2,9 millones de euros. El mismo día, Nerer cede a la empresa Gel-Fux (constituida por los hermanos Cavaller, por un lado, y los Gelabert Fuxà, por el otro) la joya de la corona. La justicia se ha centrado en investigar si con los beneficios obtenidos por Gel-Fux, Avel·lí Casasnovas cobró alguna comisión por haber facilitado las permutas.

¿Desde cuándo se investiga?

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Las permutas se aprobaron en 2005 y se formalizaron a principios de 2006. Pese a ello, las diligencias no se abrieron hasta después de concluir la Comisión de Investigación Nerer, presidida por el entonces concejal de UPCM, Joan Triay. La instrucción del caso por parte del juzgado número 2 de Ciutadella se empezó en enero de 2016, cuando se detuvo a Avel·lí Casasnovas y a su presunto testaferro, así como a algunos de los empresarios implicados en las permutas, en el marco de la operación Pomada, impulsada por el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach. El hecho de que la instrucción se abriera tan tarde es uno de los argumentos de las defensas para exigir el archivo de la causa, al considerar que se trata de presuntos delitos que en todo caso hubieran prescrito. Por su parte, la acusación particular, representada por el Ayuntamiento de Ciutadella que se personó en la causa y que la dirige el abogado Francesc Marquès, cree que los hechos no han prescrito.

¿Por qué tiene tanto retraso?

Pese a que hace casi ocho años que se empezaron las primeras diligencias judiciales, el caso sigue sin avances y la instrucción todavía no se ha cerrado, por lo que no se sabe si la causa concluirá con la apertura de juicio oral o se acabará archivando. El motivo de este demora no es otro que los sucesivos cambios de jueces que ha habido en el juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Ciutadella, desde que el juez Juan Pablo Hidalgo abriera el caso en enero de 2016. Desde entonces ha habido hasta ocho cambios de jueces, lo que ha provocado que cada nuevo titular se tuviera que empapar de una compleja causa, compuesta por miles de folios, y tomaran nuevas diligencias. Actualmente, la jueza del caso es Maria del Mar Jaume.

¿Cuántos imputados hay y quiénes son?

El caso Nerer llegó a sumar hasta 19 imputados entre responsables políticos, familiares, empresarios y técnicos municipales. Tras diversas desimputaciones por diversas razones, a día de hoy hay seis personas investigadas, para los que la acusación particular, representada por el Ayuntamiento de Ciutadella, pide un total de 48 años de cárcel. El principal implicado es el exconcejal Avel·lí Casasnovas, a quien el abogado del Consistorio le reclama 16 años de cárcel por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales. Otros de los imputados es el presunto testaferro de Casasnovas, el constructor Ildefonso Vinent, que le piden 4 años de prisión por un delito de blanqueo de capitales. Los otros cuatro investigados son los empresarios Fernando Orfila, Antoni Cavaller, Francesc Cavaller y José María Gelabert, a los que se les imputan sendos delitos de cohecho y tráfico de influencias, con una petición por parte de la acusación particular de 7 años de prisión para cada uno de ellos.