Coches parados en una de las rotondas del polígono industrial de Maó que deriva el tráfico hacia la ronda del puerto y la carretera general

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Menorca está en la lista de territorios incumplidores en cuanto a la delimitación de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que establece la vigente Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021. El Ministerio para la Transición Ecológica ofrece a la ciudadanía una herramienta informática para conocer las restricciones a la hora de acceder, circular y estacionar en ciudades de toda España, según los tipos de vehículos y su distintivo ambiental, y en ese mapa interactivo la Isla aparece como «pendiente» de la citada declaración. Esta es un obligación legal desde enero de este año para ciudades de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y municipios de más de 20.000 que registren altos índices de contaminación atmosférica.

Si bien es cierto que Menorca no tiene grandes urbes ni un problema generalizado de polución, está igualmente obligada a la declaración como territorio insular; Balears tiene siete espacios afectados, cuatro por la delimitación como islas y tres ciudades, Calvià, Eivissa y Palma de Mallorca. La primera sale como pendiente en el mapa y las otras dos aparecen en trámite. No obstante el Ayuntamiento de Palma –donde gobierna el PP en minoría pero con un pacto programático con Vox–, ha anunciado que solicitará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el aplazamiento del plazo de implantación de ZBE hasta diciembre de 2024.

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Ahora mismo ya hay doce ciudades españolas que cumplen de las 151 obligadas por ley, pero más de un centenar siguen en trámites. La declaración implica restricciones en la movilidad con vehículos a motor dependiendo de sus emisiones y su etiqueta ambiental.

15.526 coches excluidos

El distintivo más limpio, el de Cero Emisiones, es para los vehículos eléctricos más eficientes, incluidos híbridos enchufables; en etiqueta Eco se incluyen la mayoría híbridos, de gas o ambos; en la C Verde entran vehículos de combustión interna que cumplen con las últimas normativas europeas sobre emisiones (los de gasolina matriculados a partir de enero 2006 y los diésel, a partir de septiembre de 2015), y en la última, la B Amarilla, vehículos que cumplen con anteriores especificaciones sobre emisiones (los de gasolina matriculados a partir de enero de 2001 y diésel, a partir de 2006). El resto de los vehículos no tiene derecho a ningún distintivo por no cumplir con la etiqueta de vehículo limpio. En Menorca hay un total de 15.526 turismos sin distinción ambiental por su antigüedad, lo que supone un 27,7 por ciento de los coches de la Isla, que según el parque municipal consolidado de 2022, publicado por la Dirección General de Tráfico (DGT), son un total de 56.069 turismos.

Como ejemplo de la incidencia de este etiquetado en la movilidad de los conductores, en la ciudad de Zaragoza, que aprobó su declaración ZBE en diciembre de 2022 en un perímetro de 3,4 kilómetros, los coches sin etiqueta no pueden acceder ningún día de la semana, salvo excepciones para los ciclomotores, los residentes, las mercancias, los garajes, la movilidad reducida y las urgencias. Corresponde a cada municipio delimitar y aprobar la ordenanza que regirá la Zona de Bajas Emisiones.

El apunte

El anterior gobierno de izquierdas creó una comisión para coordinar la Zona de Bajas Emisiones

Un debate sobre movilidad celebrado el pasado febrero en el Ateneu de Maó propició que la entonces consellera Montse Morlà anunciara la posibilidad de que toda Menorca fuera Zona de Bajas Emisiones (ZBE).El anterior gobierno del Consell llegó a crear la comisión insular, con representación de los municipios, para trabajar en ese sentido y dar cumplimiento a la Ley de Cambio Climático. Además, el Govern, en un intento de estimular esas declaraciones de ZBE articuló ayudas económicas para medidas dirigidas a la movilidad sostenible y la pacificación del tráfico en cascos urbanos. «Dejamos el trabajo encaminado, la comisión se reunía quincenalmente, y estuvo operativa hasta abril», asegura el ex director insular de Transporte, Damià Moll (Més per Menorca), y así se informó en el traspaso de cartera, añade, porque había recursos económicos en juego. Moll admite que la declaración de toda la isla como ZBE era algo muy ambicioso, surgían dudas, pero el gobierno de izquierdas quería impulsar la delimitación de zonas concretas de bajas emisiones en entornos naturales, por ejemplo Macarella, y en lugares que son foco de contaminación, como el puerto de Maó. «La ley permite opciones, como avanzar en la peatonalización o crear parkings periféricos, sin el cierre total a los coches», señala.

Este diario ha intentado sin éxito conocer los planes del actual departamento de Movilidad del Consell sobre la declaración ZBE. El PP criticó duramente la iniciativa cuando estaba en la oposición, considerando esta medida «innecesaria y precipitada» y advertía de que esta declaración sería «especialmente perjudicial» para los sectores sociales que tienen más difícil renovar sus vehículos.