Álvaro García Ortiz: «Los fiscales no hemos sido capaces de mostrar a la gente qué hacemos»

A la vista de ese cálido recibimiento en los juzgados de Maó, está claro que es como si usted regresara a su casa.

—Ha sido muy emocionante. Hacía tiempo que no venía y mi mujer, Pilar, y yo, hicimos una parte importante de nuestra vida profesional aquí, eso se nota.

Un fiscal que empieza en Menorca y llega a Fiscal General de Estado. Ahí es nada.

—Es fruto de trabajo, un punto de suerte y casualidad. El mérito no es personal sino de una Fiscalía española que posibilita que alguien que ha empezado nada menos que en una isla, luego va a una fiscalía de área y acaba en la Fiscalía General, pueda llegar a ser el fiscal general. Un ejemplo de que la fiscalía española es abierta y cercana al territorio.

Aunque no era ese su propósito...

—No, era inimaginable, nunca lo pensé ni estuvo en mis objetivos ni posibilidades serlo.

¿Qué recuerdo conserva y qué sabe actualmente de la Fiscalía de Menorca?

—Ha dado un salto cualitativo impresionante. Empezamos con un pequeño despacho para los dos fiscales que cubríamos todo la Isla, no teníamos relevo. Ahora vemos que la dotación es adecuada, ha subido espectacularmente y las dependencias también. Da gusto volver y ver cómo están.

¿Qué le queda de su estancia aquí en la isla?

—Todo. Los primeros destinos son de aprendizaje. Menorca nos dio mucho también en lo personal, una hija nacida aquí. Profesionalmente tanto a mi mujer como a mi nos enseñó a desenvolvernos en una isla que es un planeta en sí misma lo que te ayuda a conocer las instituciones y los comportamientos humanos. Es parte de mi historia, una historia bonita.

Ahora que es usted fiscal general del Estado, ¿depende la Fiscalía del gobierno como dijo el presidente Sánchez?

—Eso lo contesta el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. No valoro lo que dijo el presidente. Estatutariamente al fiscal general lo nombra el Gobierno y a partir de ahí su labor es totalmente autónoma del Ejecutivo.

Usted pide un nuevo pacto de estado por la justicia.

—Los ha habido entre los dos grandes partidos en otras ocasione. Es interesante que una cuestión estratégica, un servicio público esencial para los ciudadanos cuente con un acuerdo de todas las fuerzas políticas para afrontar algunas de las reformas imprescindibles en este país, una de ellas, sin duda, el cambio de modelo de justicia penal, de la investigación. Es algo ineludible para la democracia española.

¿Investigación que debería correr a cargo de la Fiscalía y no de los jueces?

—Entre otras cosas. Es importante que los fiscales sean quienes investigan homologándonos al resto de Europa porque somos una auténtica excepción y a partir de ahí, de lo que decida ese pacto si llega, nosotros cumpliremos la ley pero entendemos que en el servicio público de la justicia, es necesario que la investigación y la eficacia cambien de modelo.

¿La justicia es la hermana pobre de la administración como dicen algunos de sus compañeros?

—Yo no puedo hacer esa valoración. Lo que nos toca es trabajar en pos de los ciudadanos.

¿Tan mal está para que todos sus estamentos, desde letrados hasta administrativos coincidan en reclamar mejoras salariales de hasta 400 euros al mes y de organización del trabajo?

—No puedo hacer juicios de valor sobre aspectos que están en la calle o las negociaciones de los funcionarios. En los fiscales ha habido una mesa de retribuciones con el ministro en la que ha tenido participación la Fiscalía General y se ha resuelto de una manera, al parecer, satisfactoria. Las reclamaciones de los colectivos son laborales y salariales y están dentro del contexto donde se producen. Ellos conocen sus derechos y los reclaman ante la administración como cualquiera.

¿Por que la Fiscalía sigue causando recelo en la sociedad?

—Por desconocimiento y porque el nombramiento del fiscal general, que está en la Constitución, también ha provocado tradicionalmente ese recelo. Y seguramente porque los fiscales no hemos sido capaces de enseñar a la gente la cantidad de cosas que hacemos, no solo en lo penal, sino en la defensa de las libertades y derechos fundamentales y en pro de las personas más vulnerables. Hay mucha didáctica que hacer, enseñar y de demostrar por parte de la fiscalía.

Bildu ha dado un pequeño paso atrás en sus listas electorales asegurando que los etarras que aparecen en ellas con delitos de sangre renunciarán de resultar elegidos. ¿De no haberlo hecho, la Fiscalía hubiera intervenido de oficio?

—La Fiscalía hizo su trabajo de forma razonable. La denuncia ante la Audiencia Nacional no tenía contenido penal y nos comprometimos que en cuanto tuviéramos noticias de que alguna candidatura podía no estar de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Electoral lo pondríamos en conocimiento de la junta electoral y es lo que hicimos. De manera automática se ha producido una reacción en menos de un día gracias a esta notificación de la Fiscalía, luego creo que ha cumplido su papel.

Hay más de 300 asesinatos de ETA aún sin resolver. ¿Se seguirá investigando para que se sepan algún día?

—La Fiscalía lleva resolviendo casos desde que comenzó el terrorismo. Es doloroso para nosotros como fiscales que se cuestione si trabajamos o no en los casos de terrorismo. Hay un fiscal específico encargado en la Fiscalía de la Audiencia Nacional para resolver o avanzar en la resolución de los crímenes no esclarecidos. Las víctimas necesitan saber y la Fiscalía siempre estará al lado de ellas.

¿Cómo puede encajar la Fiscalía española con la nueva Fiscalía Europea?

—Está siendo muy complicado, no es fácil encajar dos sistemas procesales. Por eso pedimos que el sistema español cambie y se parezca al que tiene la Fiscalía Europea y puede ejercer en nuestro territorio. Es a eso a lo que aspiramos.

¿La retirada del delito de sedición que ha impulsado este gobierno deja en riesgo la integridad territorial?

—El ordenamiento jurídico tiene mecanismos suficientes de defensa si se vuelve a producir un ataque contra los valores constitucionales o los principios de convivencia en muchos aspectos. También en el penal puede haber una respuesta eficaz.

¿La reforma de la Ley del ‘solo sí es sí' que ha beneficiado a tantos condenados por delitos sexuales está bien encaminada?

—No puedo opinar porque es una ley naciente. El legislador ha emprendido un nuevo camino y tenemos que explorarlo. Valoró que la respuesta penal que había propuesto, pese a la ley integral, que es una magnifica ley, debía mejorarse porque había dado lugar a unos efectos que no deseaba y ha decidido cambiarla. Todo mi respeto a quien toma esas iniciativas. Habrá que verlo.