Yana Bernadska, una de las afectadas, junto a la presidenta de la asociación de ucranianos en la Isla, Daria Legorova. | Gemma Andreu

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«Los políticos y funcionarios parece que solo están para las fotos y decir que nos ayudan, pero no es cierto, me siento muy decepcionada y enfadada». Es el testimonio de Yana Bernadska, al frente de una de las cuatro familias ucranianas residentes en la Isla que han quedado fuera de las ayudas extraordinarias del Estado para los refugiados del país en guerra, después de numerosas gestiones infructuosas con la administración «en la que no nos respondían y cuando lo han hecho no nos han dicho la verdad hasta dos meses después».

En Menorca fueron diez las unidades familiares que tramitaron la solicitud de esta prestación de 400 euros, más otros 100 por cada hijo menor, concedida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones durante un periodo de seis meses. De las diez peticiones, cuatro han sido excluidas al agotarse la partida destinada por el Ejecutivo nacional. Entre las restantes, solo dos han recibido por adelantado la totalidad del importe, una ha cobrado tres mensualidades, dos solo han percibido dos pagas y la restante, una. «Actualmente están en completo desamparo», lamenta Daria Legorova, compatriota afincada en la Isla y presidenta de la nueva Asociación Ucranianos en Menorca.

Las familias afectadas habían planificado su continuidad en función de esta ayuda convocada en noviembre para que fuera distribuida por cada comunidad autónoma. A Balears le correspondieron 563.000 euros, que han beneficiado a 321 refugiados ucranianos pero otras 212 familias residentes en el Archipiélago han quedado excluidas al agotarse la partida.

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La Conselleria de Servicios Sociales del Govern solicitó al Ministerio una ampliación de la partida pero le fue denegada argumentando que se trataba de una ayuda temporal sujeta a su disponibilidad económica.

Yana, que es directora de casting de cine en su país, lleva un año en Menorca junto a su hija y el novio de esta. El pasado verano trabajó en S'Algar como friegaplatos. Al final de temporada decidió regresar a Kiev, pero dado que la guerra continuaba y al tener conocimiento de esta ayuda a la que podía acogerse volvió a Menorca y se reunió de nuevo con su familia. «Pensamos que podíamos pasar el invierno aquí ajustándonos a esa cantidad, pero al final nos hemos quedado sin nada», relata.

Yana quiere destacar que salió de Ucrania en marzo de 2022 junto a su familia «no para ganar más o vivir mejor, sino por la tragedia que sufrimos». Explica que    cuando llegamos aquí no pedimos ninguna ayuda, buscamos un trabajo y empezamos de nuevo». Es, por tanto, una de las unidades familiares que no entró en el programa de la Cruz Roja sino que se trasladó a la Isla porque tenía una conocida que le ayudó a buscar una casa y un empleo. Esa casa en la que viven los tres deberán abandonarla el 1 de junio lo que supone un problema añadido.

Sin embargo, la mayor indignación de las familias descansa en el trato recibido por la administración, políticos y funcionarios, subraya. Cuando solicitaron esta ayuda recibieron un número de teléfono y una dirección de correo electrónico para pedir información, «pero no obtuvimos respuesta pese a los reiterados intentos, o nos remitían a otra dirección y se quitaban el problema de encima», señalan Yana y Daria. Actualmente acuden al banco de alimentos de Cruz Roja como cualquier otra persona en situación de vulnerabilidad por falta de recursos.

El apunte

«Además de quedarse sin ayuda lo peor es la falta de respeto»

La falta de información, las excusas y la derivación a otros organismos duelen tanto o más a este colectivo que la negativa a la ayuda solicitada. «Además de quedarse sin ese dinero lo peor es la falta de respeto que han tenido desde la Administración», señalan tanto Daria Legorova como Yana Bernadska, quien acaba de recibir la respuesta del Govern. La convocatoria fue en noviembre y un mes después comenzaron a pagarse las primeras prestaciones, «pues bien, en febrero aún no nos habían respondido y nos daban largas cuando ya sabían que la partida se había agotado», indican. Daria acudió al Consell y a la directora General de Servicios Sociales del Govern, «y tras dar muchas vueltas y excusas acabó diciéndome que el dinero se había agotado».