Carlos Gómez, presidente del TSJIBy Gabriel Fiol, de la Sala Contencioso Administrativa.  | Gemma Andreu

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De la declaración de intenciones el Tribunal Superior de Justicia de Balears ha pasado a los hechos. Si hace mes y medio el presidente, Carlos Gómez, dejaba la puerta abierta a que Menorca contará a medio plazo con un Juzgado de lo Contencioso Administrativo, el alto tribunal acaba de cursar la petición formal al Consejo General del Poder Judicial para que así sea.

Dotar a Eivissa y Menorca es la solución que arbitra el TSJIB para poder descargar el incremento de la entrada de asuntos y la enorme pendencia existente en los tres juzgados contenciosos que están ubicados en Palma.

El presidente del tribunal, Carlos Gómez, dijo en la inauguración del año judicial en Menorca el pasado septiembre que se habían solicitado al Ministerio de Justicia dos juzgados de este orden para Balears. Entonces señaló que dependiendo de la carga de trabajo que hubiera en Eivissa y Menorca «decidiríamos si se justifica que se ubicaran en estas dos Islas», como finalmente ha sucedido, incluso con un tercer juzgado.

Fue la Junta de Jueces sectorial extraordinaria de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Palma la que el pasado 27 de octubre se reunió para tratar la insuficiencia de las medidas de apoyo acordadas para los Juzgados de este orden. La iniciativa que tomaron los jueces entonces fue incrementar la planta judicial creando al menos tres juzgados más para equipararse con otros territorios.

La Sala de Gobierno del TSJIB ha apoyado este mes la reclamación de la Junta de Jueces de este orden jurisdiccional. Considera conveniente, y así lo propone y eleva al CGPJ, que se creen dos juzgados de lo Contencioso Administrativo en Eivissa y un tercero en Menorca como respuesta a la carga de trabajo existente y con el fin de facilitar la aproximación de la justicia a los ciudadanos.

Gabriel Fiol, magistrado menorquín, presidente de la Sala Contencioso Administrativa del mismo alto tribunal, reclamó este juzgado para Maó en la misma inauguración del año judicial. Muchos menorquines y entidades de la Isla se privan de pleitear por los inconvenientes que supone la tramitación en cualquiera de los tres juzgados de Palma, dijo, de ahí, la urgencia de la demanda, que ahora está en manos del Consejo General del Poder Judicial.