Representantes del Consell de Menorca el martes pasado en el Parlament.

Representantes del Consell de Menorca el martes pasado en el Parlament.

Juan Carlos Ortego14/06/22 3:59
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A propuesta del grupo popular, la Mesa del Parlament ha acordado ampliar hasta el 27 de julio el plazo para presentar enmiendas a la ley Menorca Reserva de Biosfera, cuya toma en consideración fue aprobada hace justo una semana. Los particulares, a través de entidades representativas de sus intereses, también    podrán hacerlo siempre que se hallen    inscritas en el registro de asociaciones del Govern. En este caso el plazo es más corto, acaba el 18 de julio.

Para que esas aportaciones lleguen al debate de la ponencia    que ha de trabajar el contenido final de la proposición de ley, resulta imprescindible que alguno de los partidos con representación parlamentaria las haga suyas. Sin el respaldo de alguno de los grupos, no tendrán recorrido en la cámara autonómica.

Durante el debate de la proposición en el seno del Consell de Menorca, entidades como el colegio profesional de ingenieros forestales ya mostraron su desacuerdo y el deseo de alegar contra la misma. El PP es partidario de llevar sus reparos a la ponencia que, en primer término, ha de trabajar sobre la ley.

Último trimestre

La ponencia, que es un grupo reducido de no más de diez diputados y estará formada por diputados menorquines en al menos el 50 por ciento, abordará la primera discusión sobre esas alegaciones y negociará sobre su inclusión o no y el articulado final. Es el momento clave, trabajan sin debate público y del mismo ha de salir el perfil definitivo.

Si los partidos mantienen el enfrentamiento visto en el debate de la toma en consideración de la proposición de ley, el acuerdo es difícil y todo apunta a que saldrá adelante por la mayoría del bloque de izquierdas. La previsión es que esté trabajada por la ponencia y discutida en comisión en el último trimestre. Ya podría ir a pleno, pero es probable que el debate de los presupuestos autonómicos y el debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, que concentran la actividad en ese periodo, retrasen la aprobación a comienzos de año.