El Consell abrió el año pasado dos expedientes informativos y dos disciplinarios a trabajadores de la Casa de la Infancia, según informó ayer la titular de Bienestar Social, Bárbara Torrent, al ser interpelada por la consellera popular Carmen Reynés sobre este servicio. Uno de ellos corresponde a un trabajador que tardó nueve meses en incorporarse a su puesto después de haber recibido el alta laboral, «nueve meses cobrando de la administración sin trabajar. Es incomprensible», le espetó Reynés.
La interpelación se fundamentaba en «las noticias alarmantes que han trascendido en los últimos años, «que denotan carencias y la necesidad de más recursos y seguimiento del servicio», argumentó. Demandó a la consellera información sobre incumplimientos de protocolos, los menores que han sido trasladados a Palma o, entre otros detalles, si durante el año pasado hubo más o menos acciones delictivas y fugas de internos.
Torrent respondió puntualmente a las preguntas y precisó que solo hay un centro residencial, la Casa de la Infancia, y que ha de atenderse todo tipo de perfiles, «nuestra función es poner al alcance de los técnicos los medios necesarios», señaló.
Tres trabajadores por interno
Entre esos medios, figura en primer lugar el personal. «Ahora hay siete residentes y 20 trabajadores, una media de tres por cada interno», precisó Torrent, quien explicó que se trata de una situación compleja, «cuando un menor ingresa es porque pasa algo muy grave para que sus padres no puedan hacerse cargo».
En respuesta a la consellera Reynés, precisó que la media de ingresos entre 2017 y 2019 estuvo entre 4 y 13 y el año pasado se disparó a 37, de los que nueve siguen en el centro. Tres fueron trasladados a Palma, dos están en acogida de algún familiar, nueve se han acogido al programa de emancipación del Govern, con plaza en vivienda y una renta mínima de 426 euros al mes, y 14 volvieron con su familia.
Con el tiempo se ha producido un cambio de perfil y no hay menores de 12 años. «Hemos conseguido que todos los menores de 14 años estén acogidos en casa de un familiar o en una familia ajena a la que, desde 2017, el Consell paga 800 euros al mes», agregó Bàrbara Torrent.
Reynés dijo que no quería oir el pretexto de que la Casa de la Infancia es un centro abierto, pero «no son menores privados de libertad, lo que no es excusa para que la administración vele por bienestar», respondió Torrent.
1 comentario
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Es una verguenza que un trabajador este cobrando durante 9 meses sin ir ha trabajar , así van las cosas tendrian que investigar que pasa en el Consell el tema del personal hay gente intocable haga lo que haga la trasparencia brilla por su ausencia.