Un cartel de protesta que se exhibió en la manifestación del 24 de junio.

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Ha pasado un mes desde los botellones de Sant Joan y el trabajo se acumula para los grupos municipales que hoy han sido convocados por la alcaldesa de Ciutadella, Joana Gomila, en la comisión de seguimiento de la ordenanza que regula las fiestas. Tienen que empezar a decidir quién formará parte de la nueva Junta Municipal de Sant Joan y cuáles serán las propuestas que se someterán a su dictamen para corregir la deriva de excesos de los últimos años.

La crisis abierta por el descontrol de las «no fiestas» en plena pandemia ha monopolizado hasta ahora el debate político, como se puso de manifiesto en el pleno del pasado jueves. Hasta siete mociones presentó el Grupo Popular y una Ciudadanos en una sesión que empezó con las espadas en alto y terminó con el acuerdo tácito de que todo se puede debatir en el seno de la comisión convocada para hoy. Por el camino unos y otros se acusaron de «votar estupideces», «hacer el ridículo» y «politizar las fiestas», aunque al final se acordó una tregua.

La concejal de Fiestas, Gràcia Mercadal, empezó exigiendo la retirada de las mociones del PP y acabó votando a favor de varias de ellas, tras convenir que se estudiarían a modo de propuesta en la futura Junta de Sant Joan. Un órgano de nueva creación (la anterior se disolvió en 2013 por inoperante) que genera escepticismo entre los populares. Juana Mari Pons recordó que en el pasado estas reuniones se convertían en «un gallinero» y es preferible alcanzar antes un principio de acuerdo entre los grupos políticos municipales.
Quien apoya sin fisuras la constitución de la nueva Junta es Ciudadanos, que enmendó para ello su propia moción. Allí estarán representados los distintos agentes implicados en la fiesta, incluidas las administraciones. La concejal Isabel León ve necesario abordar en este organismo el problema que genera la masificación de las fiestas, la gestión de las entradas a la Isla en esas fechas, las carencias del transporte público, los excesos de alcohol y drogas y la planificación de actividades alternativas en caso de suspensión de las fiestas, como ha sucedido en los últimos dos años. A este respecto, la edil Gràcia Mercadal agradeció el tono constructivo del grupo naranja y avanzó que el Sant Joan de 2022 «no será como el que todos conocemos».

Dudas legales
El equipo de gobierno matizó, no obstante, que antes de plantear una restricción a la llegada de barcos como formulan PP y Ciudadanos hay que analizar si legalmente es posible, y recordó que las competencias de Ports se limitan a la gestión de los muelles, sin poder limitar las frecuencias que operan las navieras ni la libertad de movimientos de las personas.

Una de las propuestas de los populares que se aceptó debatir en el seno de la comisión es la creación de una figura de protección para Sant Joan, como podría ser la declaración de fiesta de alto riesgo, para asegurarse el refuerzo policial y la colaboración del Govern en la dotación del dispositivo de seguridad.

Pese a protagonizar diversos encontronazos en en el pleno, Ciudadanos se sumó a otra de las mociones del PP que pedía la reprobación de la alcaldesa y la directora insular del Estado por dejación de funciones en las fiestas de este año. «Demostraron una actitud pasiva y les faltó liderazgo», aseguró Jaume Anglada.