TW
3

El Ayuntamiento de Ciutadella ha sido condenado judicialmente a pagar dos millones por permutas de terrenos firmadas entre 2003 y 2007, años de gobierno del PP. El equipo de gobierno actual le ha acusado de que el Ayuntamiento actual tenga que pagar por las malas decisiones urbanísticas de entonces, pero el PP no está de acuerdo con esa acusación y pide no ser culpado por las dos nuevas sentencias condenatorias.

Explican los populares que uno de los fallos judiciales proviene de una permuta de 2005 y en ningún caso dice la sentencia que sea ilegal, sino que la permuta tenía que ser ejecutada en 48 meses después de la firma. Pasó el plazo y en 2009 «curiosamente gobernaba el PSOE-PSM y no el PP y ellos no dieron respuesta a dicho convenio», aducen los populares.

Estos vuelven al gobierno municipal en 2011 y «lo más urgente en este mandato era quitar deuda», se rebajó esta 16 millones en cuatro años y «desde luego, era imposible ampliar el B9 del polígono industrial». Las parcelas incluidas en la permuta por parte del Ayuntamiento eran suelo industrial todavía no urbanizado.

El problema, por falta de resolución se traspasa al siguiente mandato. «A partir de 2015 hasta hoy gobierna PSOE-PSM-Podemos, ¿qué han hecho para ampliar suelo industrial y acatar el acuerdo que se firmó y así evitar las sentencias condenatorias?», cuestiona Juana Mari Pons, concejal y presidenta local del PP.

Noticias relacionadas

Ampliar el polígono

Añade que las dos demandas que han dado lugar a la indemnización «se interpusieron en 2019 y no antes», durante el gobierno del tripartito, «por falta de negociación», denuncia la portavoz popular, quien considera que las culpas están repartidas.

Juana Mari Pons remarca que el ayuntamiento actual «tiene 21 millones en el banco y podría ampliar el B-9, cosa que no ha querido hacer, ya que hemos presentado varias propuestas en el pleno municipal y nos han votado en contra», recuerda.

Agrega que la necesidad de suelo industrial es además «una demanda por parte de empresarios. Que quede claro que la sentencia viene a raíz de la nula gestión en el desarrollo del polígono, donde si Joana Gomila hubiera gestionado bien el tema, hoy no pagaríamos 2 millones».