La ayuda estatal a las empresas cuya actividad ha resultado afectada por la covid-19 solo paga la deuda que hayan generado a causa de la crisis sanitaria y económica, pero excluye de la convocatoria a aquellas empresas que se han autofinanciado con el ahorro o recursos propios. Eso supone que penaliza a aquellas empresas, autónomos especialmente, que optaron por no endeudarse y sobrevivir con aportaciones del propio empresario aun descapitalizando la empresa en algunos casos.
Las dudas expresadas por PIME en torno a la convocatoria del Govern para el reparto en las Islas de los 855,7 millones procedentes de la administración central se han confirmado. Hay empresas que han sufrido hasta un 80 por ciento de la facturación, se han descapitalizado pero no pueden demostrarlo.
En Alemania o Francia se ha optado por el criterio de dirigir las ayudas a compensar las pérdidas. En España, la subvención tiene carácter finalista, se destina a «enjugar deuda a proveedores o al crédito», según explica el Govern. Entre la deuda se contemplan las provenientes de prestaciones de servicio o suministro, tributos, salarios y aplazamientos de pago a la seguridad social concedidos.
El diseño del programa estatal de ayudas prevé cubrir deudas a las empresas por importes que superen el 30 por ciento de la caída de la facturación de 2020 respecto a la del año anterior.
Son muchas las que han consultado en PIME las opciones y la mayoría se ha sentido decepcionada al no cubrirse las pérdidas sufridas.
Para las empresas de temporada se incluye el requisito de mantener la actividad correspondiente hasta el 30 de junio de 2022, a pesar de que sus características de actividad son temporales, lo que excluye los meses de invierno.
También la patronal menorquina solicitó una aclaración sobre este extremo. No hay respuestas expresa todavía, pero el Govern ha mostrado voluntad de tenerlo en cuenta.
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