La lucha que el Gobierno libra contra los movimientos especulativos que se están registrando en el mercado peninsular de las energías renovables está afectando al desarrollo de la transición energética en Menorca y en el resto de Balears. En diciembre del año pasado entró en vigor una moratoria en la concesión de acceso y puntos de conexión a la red de instalaciones renovables, lo que está bloqueando la ejecución de todos aquellos proyectos sin acceso concedido a la red que superen los 15 kilovatios de potencia, sobre todo los de autoconsumo en empresas y edificios públicos, así como los impulsadas en terrenos rústicos. Solo se salvan los pequeños proyectos de instalación de placas en zonas urbanas.
Desde la Dirección General de Energía y Cambio Climático del Govern han alzado la voz para alertar de la situación que se está generando y subrayan que mientras la penetración de renovables en la Península se sitúa en estos momentos en un porcentaje del 43 por ciento, en las Islas –donde no se está produciendo este problema de especulación con los puntos de conexión– apenas se llega al seis por ciento: «No tenemos tiempo que perder si queremos cumplir con los objetivos marcados para la transición energética», explica el director general, Pep Malagrava, quien lamenta que en principio no se prevé que esta moratoria se pueda levantar hasta el mes de septiembre y llama la atención sobre otro peligro.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) está a punto de resolver la concesión de ayudas a la implantación de parques fotovoltaicos en Balears, la llamada convocatoria Solbal 2, que ya se convocó sin la obligatoriedad de tener punto de acceso para sortear la moratoria. La prolongación de la misma puede retrasar a la ejecución de los proyectos beneficiarios, una cuestión preocupante si se tiene en cuenta que las ayudas están sujetas a un plazo de ejecución que termina en diciembre de 2022.
Otra de las consecuencias de esta moratoria es que está retrasando la resolución de ayudas del Govern a la implantación de instalaciones de autoconsumo. El Ejecutivo autonómico no quiere resolverlas ya, teniendo en cuenta que si da un plazo de ejecución será de difícil cumplimiento debido a la imposibilidad de lograr conexión para verter a la red. También está haciendo que proyectos de autoconsumo en edificios públicos, como el de la cubierta de la Policía Local de Ciutadella, se hayan anunciado con una potencia de 15 kilovatios, precisamente para librarse de la moratoria.
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