La presidenta del PP, Misericordia Sugrañes, y el conseller Carlos Salgado, ayer en Maó. | Gemma Andreu

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El PP no se fía del Govern, denuncia que cuando afirma que el desarrollo urbanístico de las Áreas de Reconversión Territorial (ART) no se verá afectado por el decreto 9/2020 de protección del territorio está vendiendo «humo» y exige al Consell que se haga valer y fuerce la exención expresa de estas zonas en el redactado final de la normativa que busca reclasificar a rústico terrenos urbanizables. Asegura que el articulado del decreto no salva estas áreas de esponjamiento presentes en el PTI ni tan siquiera cuando su falta de desarrollo es imputable a la administración. De aprobarse como está, advierte, será «una bomba de relojería para Menorca de consecuencias económicas incalculables», en palabras del conseller popular Carlos Salgado.

Los populares, que comparecieron ayer con la portavoz en el Consell y presidenta del partido, Misericordia Sugrañes, al frente, alertan de que a buen seguro y «en pocos meses» empezarán a llegar al Consell demandas de reclamación patrimonial de los propietarios de los terrenos, una situación que, aseguran, afecta a una gran parte de las ART. A vuelapluma mencionaron las de Son Bou, Torre Solí, Cales Coves, Punta Grossa y Santandria. «La historia se va a volver a repetir», advierten en alusión a las indemnizaciones a las que ha tenido que hacer frente el Consell por la aprobación del PTI: «lo de Cesgarden se va a quedar en nada». Todo un aviso a la presidenta de la máxima institución, Susana Mora, y al conseller de Economía y Territorio, Miquel Company, que hacen extensivo a otros socialistas: «A lo mejor hay algún alcalde que les convence».

Desde el PP acusan a Mora y Company de no haber tenido ni voz ni voto en la redacción de una normativa pensada para la realidad mallorquina. «O no se han enterado de nada o no les importarles un pimiento», lamentó con vehemencia Salgado, quien consideró que «aún hay tiempo de que esto se rectifique», de conseguir lo que logró Eivissa, que «se plantó» y fue liberada de las consecuencias del decreto.

Indemnizaciones

Los populares denuncian que no es cierto que la normativa no deje abierta la posibilidad de que los propietarios presenten demandas de reclamación patrimonial y critica la interpretación que el conseller Company hace de la propiedad de los recursos públicos cuando asegura que en caso de que se deriven indemnizaciones sería el Govern el que tendría que hacerlas frente, además de dudar de que efectivamente vaya a ser así.