El impacto del ancla del barco rompió una de las fases del enlace submarino y provocó un vertido de aceite refrigerante. Como consecuencia, en plena temporada alta se cerraron al baño las playas de Cala en Bosc (en la imagen), Son Xoriguer y Sa Caleta | Maite Carles

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La jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Ciutadella ha ordenado casi cuatro años después el archivo de la causa presentada por Red Eléctrica de España contra el propietario del yate que en el verano de 2016 seccionó una de las cuatro fases del enlace eléctrico submarino. El impacto del ancla de la embarcación dejó tocada de muerte una infraestructura que apenas año y medio después quedaría inoperativa para siempre, dejando Menorca aislada del sistema eléctrico mallorquín con las consabidas consecuencias, vigentes a día de hoy.

La titular del juzgado ha atendido así la petición del Ministerio Fiscal, que no considera que se pueda probar que exista un delito medioambiental. Por su parte, Red Eléctrica, compañía propietaria del enlace submarino, en el que de 2010 –año en que adquirió los activos de Endesa– hasta que dejó de funcionar había invertido más de doce millones de euros, se limitó a asegurar ayer que no recurrirá la decisión judicial, aunque sus servicios jurídicos están analizando la posibilidad de seguir litigando, esta vez por la vía civil, reclamando daños y perjuicios por lo ocurrido.

Los hechos se remontan al mes de julio de 2016, cuando una lujosa embarcación, un yate llamado «Angara» de 41 metros de eslora y bandera gibraltareña, practicó un fondeo presuntamente ilegal a 700 metros de la playa de Cala en Bosc (Ciutadella), en aguas protegidas no solo por estar declaradas como Lugar de Interés Comunitario (LIC), sino también porque justo por ahí discurría –de hecho aun discurre aunque sin tensión– uno de los primeros enlaces submarinos de España, instalado hace más de 40 años y que por lo tanto figuraba perfectamente delimitado en todas las cartas de navegación.

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El impacto no solo tuvo las conocidas consecuencias a largo plazo, sino también efectos inmediatos. El seccionamiento de una de las fases del cable provocó un considerable vertido de aceite refrigerante que llevó a las administraciones a ordenar en plena temporada alta el cierre durante varios días de las concurridas playas de Cala en Bosc, Son Xoriguer y Sa Caleta. Algunas personas dieron parte de irritaciones en la piel y en los ojos al entrar en contacto con el vertido.

Red Eléctrica dispone de un programa de detección de embarcaciones a través del GPS, un sistema de geolocalización que las grandes esloras están obligadas a instalar. Desde un principio la compañía se mostró convencida de que el accidente fue provocado por el ancla de un yate y que el patrón había desconectado el geolocalizador para dificultar su identificación. No obstante, las pesquisas de la Guardia Cvil dieron fruto y ese mismo verano el barco fue identificado, localizado y parado primero en el puerto de Eivissa y más tarde en el de Barcelona. Al parecer constaba como patrón una persona de nacionalidad rusa que en la actualidad ya no es dueño del barco, que ha cambiado de manos, de nombre y de bandera.

Más allá de iniciar una causa penal contra los presuntos responsables del accidente, Red Eléctrica ordenó la reparación del enlace, trabajos que se desarrollaron hasta prácticamente el mes de agosto de 2016. Aunque el cable volvió a funcionar, desde entonces encadenó problemas que finalmente llevaron a Red Eléctrica a dar de baja la infraestructura. La compañía siempre ha asegurado que en enlace, aunque ya había sido amortizado, todavía podía haber funcionado durante algunos años.