Fachada del Ayuntamiento de Ciutadella

Fachada del Ayuntamiento de Ciutadella | Archivo

Juan Carlos Ortego16/02/20 15:22
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El Ministerio de Hacienda ha anunciado que, al igual que ha hecho con las comunidades autónomas, tampoco trasladará a los ayuntamientos el IVA de 2017, que dejaron de percibir por la puesta en marcha de un nuevo sistema de liquidación. Se trata, en cálculos de la Federación Española de Municipio y Provincias, de unos 750 millones, lo que significa que a los ayuntamientos menorquines les correspondería una cantidad realmente insignificante de ese volumen global.

Esa es posiblemente una de las razones por la que no han recibido todavía ninguna comunicación en ese sentido del Ministerio que dirige la socialista María Jesús Montero. En cambio, sí conocen una de las medidas de alivio puestas en marcha por Hacienda para compensar esa teórica pérdida de ingresos, como ha sido el aumento de la regla de gasto para este año en un 2,9 por ciento respecto a 2019, según confirman los ayuntamientos de Maó y de Ciutadella. Ambos son los que registran mayor actividad económica y, por tanto, serían los más afectados por las decisiones financieras del Estado.

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José López, responsable de los presupuestos municipales de Ciutadella, explica que el Ministerio realiza pagos avanzados por el IVA y otros impuestos y luego, en función de la previsión de recaudación y en el ejercicio posterior, lo compensa al alza o a la baja, según el recálculo de Hacienda.

La aportación estatal es estable y mensual. Ciutadella recibía el año pasado 532.380,35 euros y en enero la cifra ha aumentado a 558.664,26 euros, una evolución que espanta de momento la hipotética merma derivada de la participación en el IVA y otros impuestos de actividad económica.

El Ayuntamiento de Maó, por su parte, recibe unos 570.000 euros mensuales. La mayor flexibilidad ofrecida por el Ministerio en la rígida regla de gasto dará mayor margen a los municipios para invertir en políticas sociales y otras necesidades sin alterar los objetivos de estabilidad presupuestaria. Por otra parte, los ayuntamientos siguen bajo un estricto control en cuanto a los objetivos de deuda pública.