Imagen de la carretera general en el tramo entre Alaior y Maó con el puente a medio construir de Rafal Rubí. | Gemma Andreu

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Empezar las obras de la carretera general es legal y técnicamente imposible, al menos hasta el año que viene. No solo porque el Consell aún esté en proceso de redacción del proyecto para el tramo entre Maó y Alaior, sino también porque no tiene dinero consignado para hacerlo.

El Consell ha ejecutado el nudo de Alaior y el tramo entre Ferreries y Ciutadella a través del remanente procedente de las distintas partidas que el Gobierno había ido librándole y que no se habían gastado en su totalidad. Pero la caja está ya agotada. Es más, el conseller de Movilidad en funciones, Miquel Preto, concreta que hay una partida para expropiaciones y otra para ejecutar obra. Y mientras que la primera (que aún falta por pagar una parte) tiene un saldo positivo, la destinada a obras está en negativo. Si las mezcláramos, la bolsa quedaría a cero.

A ello hay que sumar la imposibilidad de que Pedro Sánchez aprobara sus Presupuestos Generales, en los que se consignaban 4,75 millones para continuar con las obras de la carretera. En los de Mariano Rajoy, ahora prorrogados, no había partida reservada porque el Consell no necesitaba dinero aún.

Pero los Presupuestos Generales siguen sin aprobarse y, por tanto, las obras están sin cobertura económica. Movilidad quita hierro al asunto, ya que, dice, las obras no están a la espera de dinero para iniciarse. «Es la parte menos crítica». Cree el Consell que cuando se inicie el procedimiento administrativo para la adjudicación de las obras ya habrá presupuesto y partida consignada. En el caso de no estarlo, apunta el conseller en funciones Miquel Preto a otras vías que podrían explorarse, como concertar un ‘crédito puente' para financiar unas obras «cubiertas por un convenio con el Ministerio», siempre que Intervención emitiera informe favorable.

Además, la addenda que amplía la ejecución y justificación de las obras hasta 2023, sigue pendiente de aprobación por Consejo de Ministros. Para Miquel Preto, «los recursos no peligran, el convenio tiene fuerza de ley» y su aprobación por Consejo de Ministros es un «formalismo, existe el acuerdo de la Comisión Mixta», agrega. Pero debe aprobarse como garantía.

Con respecto al proyecto, confirma que la empresa Artificial Intelligence Structures (antes Inypsa) sigue con el contrato para redactar el proyecto. El Consell se reunió con los responsables hace algunos días y están trabajando en el documento. Después de que el Consell levantara la suspensión del proyecto Maó-Alaior, la empresa presentó un recurso para solicitar dos meses más para acabar de redactar el documento. El conseller cree que este año podrá iniciarse el proceso de contratación de las obras, para que se ejecuten en 2020.