El control de la legalidad urbanística en el campo está en manos del organismo mancomunado | Josep Bagur Gomila

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El Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de Menorca recaudó durante 2017 unos 53.000 euros correspondientes a sanciones, lo que supone unas dos terceras partes del importe total que se había ingresado en el conjunto de los más de once años precedentes, desde su creación allá por 2005: unos 82.000 euros. La cifra es estimada a la espera de que se cierre al detalle y de forma oficial el balance de ingresos y gastos de este organismo correspondiente al año pasado.

La capacidad recaudadora del Consorcio se ha disparado en los dos últimos ejercicios cerrados. En 2016 se ingresaron unos 43.000 euros por parte de infractores, lo que supone que con anterioridad a esta fecha tan solo se habían conseguido recaudar unos 39.000 euros. Desde el Consell, el director insular Eduard Soriano apunta a que esta mejora de la capacidad recaudatoria viene motivada por la reactivación del Consorcio en este mandato, con medidas como la incorporación reciente de dos técnicos juristas que han permitido ejecutar los expedientes.

Desde el equipo de gobierno aseguran que la práctica totalidad de lo recaudado en 2017 corresponde a expedientes que se abrieron en años precedentes, puesto que es complicado que los trámites ante una infracción de cierta relevancia se resuelvan dentro de un mismo ejercicio. Los que se resuelve pronto, sin recursos ni contenciosos, suelen ser de cantidades modestas.

El incremento de la recaudación ha contribuido a que este año el desfase del Consorcio entre ingresos y gastos se haya quedado en 21.273 euros, según la primera liquidación realizada y aprobada el lunes por pleno, cuando el año pasado fueron 38.655 euros. Y eso a pesar de que el Consell realiza cada año una transferencia de 175.000 euros para el sostenimiento de este organismo. El incremento de la actividad recaudatoria también ha permitido mantener estable la cantidad de sanciones pendientes de pago consideradas de dudoso cobro (algo más de 450.000 euros) a pesar de que el paso del tiempo incrementa el número de infracciones susceptibles de formar parte de este capítulo.