Joan Groizard, el conseller Marc Pons y María García en PIME.

TW
5

Los empresarios menorquines del transporte -alquiler y venta de vehículos, construcción y suministro de carburantes- integrados en PIME han pedido al conseller balear de Energía, Marc Pons, que incorpore otros criterios a la ley de transición energética. Durante una reunión celebrada en la sede de la patronal para divulgar el contenido de esta nueva norma se llevó también la reivindicación de que estas políticas de reducción de emisiones deben ir acompañadas de otras medidas de sustitución de la energía proveniente de combustibles fósiles por otra más limpia. Le recordaron que Menorca está todavía muy lejos de la producción de renovables por la dificultad manifiesta de poner en marcha proyectos de esa naturaleza.

La ley balear tiene como objetivo reducir las emisiones de CO2 con medidas como la prohibición de circulación y entrada a las Islas de vehículos diesel matriculados con posterioridad al 1 de enero de 2025 y, diez años más tarde, de todos aquellos que consuman combustibles fósiles.

El plazo de transición hacia los vhículos eléctricos no convenció a los empresarios presentes en la reunión. En particular, las empresas de alquiler de vehículos mostraron la dificultad que supone la fijación de esos plazos para sustituir sus correspondientes flotas por automóviles eléctricos. Entienden que tanto el elevado coste de estos y la imposibilidad de repercutir el sobrecoste en el precio del contrato de alquiler difícilmente permitirá rentabilizar el reemplazo de la flota convencional por la eléctrica.

A ese problema, que repercute directamente sobre la inversión del empresario, la actividad y la viabilidad del negocio, agregan la escasez de puntos de recarga para la totalidad de la flota de vehículos de alquiler que hay en la Isla. Esta insuficiencia es palpable, le dijeron al conseller Marc Pons, no solo enlas zonas urbanizadas sin en otras áreas de uso habitual de vehículos de alquiler como las playas y el litoral.

Por otra parte, la versatilidad en la movilidad de las distintas flotas de alquiler dificultará especialmente el control de cumplimiento de los plazos establecidos, según advirtieron algunos de los asistentes al encuentro.

Los empresarios dejaron patente, no obstante, que comparten los objetivos de la ley balear de transición energética y mostraron su voluntad de colaboración, siempre y cuando las medidas exigidas no perjudiquen la actividad empresarial que llevan a cabo ni se ponga en riesgo su viabilidad.