Imagen de archivo de una aula de una ‘escoleta’ ubicada en Maó.

Imagen de archivo de una aula de una ‘escoleta’ ubicada en Maó. | Javier Coll

Mercè Pons16/11/17 20:20
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El Govern prepara un decreto con el que pretende regular las condiciones mínimas de funcionamiento de las guarderías, un servicio únicamente asistencial de custodia de niños de cero a tres años. El planteamiento, que nace de la Conselleria de Asuntos Sociales del Ejecutivo autonómico, ha puesto en alerta a las escuelas infantiles de Menorca y administraciones que ven el despliegue de este decreto como un azote a la excelencia educativa que ha logrado la Isla en esta etapa. Supondrá, dicen, la creación de una segunda red, más económica, ajena al ámbito educativo y únicamente de custodia que, al rebajar las exigencias y las condiciones para su funcionamiento, acabarán acogiendo a aquellos niños de familias con menos recursos económicos. El gran temor del sector es que este decreto acabe creando alumnos de primera y de segunda en base a la situación familiar. Abre la puerta a la aparición de este tipo de servicios que, para el sector, choca frontalmente con los proyectos consolidados en Menorca.

El borrador del decreto sobre el que trabaja el Govern, y al que ha podido acceder este diario, considera que la falta de regulación de este servicio asistencial genera un vacío existente, hasta el punto de que en Mallorca y Eivissa aparecen guarderías en un piso o en un garaje. En Menorca hay alguna, pero es algo residual. El documento fija los requisitos en cuanto a espacios, ratios y perfil profesional del personal, entre otros aspectos, porque «se están ofreciendo servicios en los que solo se cumple con la normativa arquitectónica y de seguridad, pero sin criterios de cualificación de los profesionales, ni de ratios de atención, ni sin referencia a cuestiones de calidad y carácter sanitario».

Voces consultadas alertan de que estas guarderías pueden funcionar a un coste de 1.500 euros anuales por alumno cuando la educación reglada, necesita para mantener la calidad del servicio, en torno a 4.000 euros por niño. Asimismo, avanzan que la circunstancia de que familias con pocos recursos no pudieran acceder a una escoleta por su coste está resuelta, gracias a las bonificaciones que Consell y ayuntamientos han habilitado para que ningún niño quede fuera de la red. Pero la decisión del Govern desvirtuará el efecto logrado, concluyen.