La única demolición que se ha ejecutado desde la creación del Consorcio, en 2005, la de Binifadet
23/08/17 0:00
Después de dar dos meses de plazo a los propietarios sobre los que pesa una orden firme de demolición por haber llevado a cabo obras ilegales en suelo rústico, el Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico va a empezar a remitir a los infractores las notificaciones en que se les indica la imposición de multas «coercitivas», con cantidades que pueden llegar a alcanzar el 120 por ciento del coste de las obras, si no restituyen la situación original de los terrenos, una medida de carácter disuasorio.
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15 comentarios
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Los ciudadanos no están defendidos por los políticos. Los políticos va a cobrar a final de mes y que los ciudadanos se apañen.
Lo que tendrían que hacer es dejar edificar según los metros x edificado pero el ayuntamiento este no se entera al principio de estar en el cargo empezaron a legalizar huertos si claro una vez legalizados todos los que les interesaban ale ya no se legalizaba ninguno mas, propietarios con fincas intentando rehabilitar y el permiso no llega pero señores si se beneficia todo el mundo ya que el que rehabilita lo hace para conservar y ustedes cobran el premiso de obras, , todos los permisos en general tardan un mucho no necesitáis dinero pues agilizar el tema de los permisos.Que ya esta bien hombre. Y ahora que a demoler todas las casas es serio el asunto. Si están en su casa quienes soy vosotros para tener que decir que debes hacer en tu casa hasta donde vamos a llegar. Compras pagas por ello y no sirve de nada porque no puedes hacer lo que quieres encima te mueres y tus hijos deben pagar por lo que tu ya as pagado esto es de risa.
El consorcio debería desaparecer. Los políticos deberían defender a los ciudadanos. Dejar que se edificara en rústico. Dejar que se hiciera un proyecto con licencia municipal y edificar con permiso en rústico. La gente, algunos quieren vivir en el campo, y los que mandan no lo dejan. Cada 4 años los cambian a los políticos, pero los que vienen no defienden a los ciudadanos.
Y que le dice Eduard Soriano al alcalde Es Migjorn con sus irregularidades, que cada uno ponga o se imaginé la respuesta
Si en los huertos dejarán hacer casetas de 20 metros cuadrados todas iguales, evitaríamos que se instalen casetas metálicas, de madera, contenedores, chabolas, etc. Igual a los que tienen caballo, solo les dejan hacer una caseta de 3x3 donde no cabe el animal junto con la manutención, resultado chiringuitos por todas partes.
La deuda pública de la administración sentarnos cada día, hay que recaudar de donde sea, cada día más impuestas y más sanciones para la clase media, nunca se plantean ayudar a la gente. Y ya veis el resultado de los Pujol, Urdangarin y así de todos los colores. Y es que al final lo único justo es que todos algún día nos tenemos que morir.
Acudir a los tribunales y que sean los jueces los que dicten la orden de demolición no los políticos inútiles que nos gobiernan, ahora con el interés general convierten los predios de los ricos.en hoteles y los gallineros y establos en habitaciones, esto si que es una irregularidad y de las grandes, no construir una caseta de aperos para guardar las herramientas en un huerto., Cosa que toda la vida a existido en Menorca, pues hay que putear, sancionar multar a los pobres.
Espinoso el asunto.Culpables todos,infractores y organismos públicos,unos por exceso y otros por defecto.Aún así,conviene diferenciar ; ilegalidades ilegalizables y no se actúa, e ilegalidades legalizables y tampoco se actúa, y así nos va.No me vale aquello de que los organismos públicos se mueven lentamente ,deberian ser algo mas conscientes de lo que nos cuestan y lo que recibimos a cambio.Y aqui,señor@s ,no se salva ninguno , ni rojos, ni azules ni marrones oscuro.
Ya era hora porque la inaccion solo envia un mensaje que va de boca en boca, hazlo que cuando esta hecho ya esta.
Que de ejemplo y revise las edificaciones de los colegas políticos en menorca y luego de los funcionarios. Esto le dará más credibilidad al actuar contra los ciudadanos.