El Cercle d'Economia exige que se resuelva el alquiler turístico vacacional

«La problemática de las viviendas turísticas nos puede complicar las cosas a corto plazo y su proliferación juega claramente a favor de una mayor saturación turística de nuestra Isla», ha señalado la entidad en un comunicado.

En esta línea, han matizado que la oferta incontrolada de los pisos turísticos a través de plataformas digitales favorecerá la masificación de Menorca si no se controla y regula adecuadamente.

Desde el Círculo de Economía de Menorca han tildado de «inaceptable» que en edificios plurifamiliares exista este tipo de oferta cuando estén destinados a viviendas para residentes, por su ubicación en los núcleos urbanos.

De este modo, han remarcado que las viviendas turísticas deben contar con unas condiciones mínimas de seguridad, salubridad y habitabilidad y deben someterse, como los establecimientos turísticos reglados, a una evaluación de calidad del servicio, a los controles administrativos pertinentes y cumplir, obviamente con la fiscalidad que les sea propia.

Además, han apuntado la necesidad de que todas las viviendas turísticas que se ofrezcan a través de las distintas plataformas de comercialización y digitales cuenten con las correspondientes licencias, haciendo constar su numeración y características.

«Para las viviendas que se publiciten sin contar con la correspondiente licencia, se debe tipificar las infracciones con un régimen sancionador claro y disuasorio», han añadido.

La entidad ha lamentado que, tras varios meses de tramitación, el texto aprobado por el pleno del Parlament balear el pasado 18 de julio «no resuelve ni aclara el problema del alquiler turístico vacacional en Baleares». «El texto aprobado, como ha tenido que reconocer el mismo Govern, introduce más confusión e incrementa la inseguridad jurídica», han denunciado.

Por ello, instan al Govern a asumir su responsabilidad política presentando en el Parlament un proyecto de ley «clarificador, bien redactado técnica y jurídicamente, que aporte criterios claros para la ordenación y regulación del alquiler turístico vacacional, y, sobre todo, que aporte seguridad jurídica, y con la voluntad de haber alcanzado previamente el máximo consenso con el sector».