Imagen de archivo de uno de los salones del interior de la finca de Mongofra Nou, sede de la fundación. | Archivo

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Los herederos del mecenas Fernando Rubió consideran que el contrato de alquiler que puede aprobar este viernes el patronato de la Fundació Rubió Tudurí es «una perversión de la voluntad del fundador» que puede llevar a la pérdida de Mongofra Nou que, en última instancia y si la fundación llegara a extinguirse, debería pasar a ser patrimonio «de los menorquines», en concreto del Ayuntamiento de Maó, en cuyo término municipal se encuentra.

Familia y usuarios -los descendientes que tienen reconocidos su derecho de uso de la finca-, remitieron este jueves un burofax al presidente de la Fundació Rubió, Albert Moragues, en el que solicitan al patronato que no firme el contrato de arriendo con el empresario Dimitri Sturdza y advierten que, de hacerlo, podrían cometer «una irregularidad porque se pervierte el objetivo fundacional». De hecho aseguran que ya no se cumplen fines como el de conceder becas de estudio a los jóvenes menorquines.

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La operación en marcha ha generado preocupación e inquietud en la familia, que está en clara minoría en el patronato y que considera que esta propuesta contiene cláusulas que «son un escándalo». Como la que estipula que si la Fundació no desea prorrogar el contrato de 30 años por otros 30 tendría que pagar al arrendatario la inversión que haya realizado en mejoras, ampliación o nuevas construcciones, solo de acuerdo con lo que recoja el plan contable de Mongofre World Heritage SL u otra de las sociedades dirigidas por Sturdza.

Aseguran los descendientes que se podría dar la paradoja de que la fundación acabara pagando más de lo que pueda recibir de alquiler, que a razón de 120.000 euros anuales durante 30 años son 3,6 millones de euros, mientras que en la propuesta a firmar con el empresario se contempla una inversión de 5 millones. Así, en el caso de no querer continuar con el alquiler y al tener que afrontar un pago que superaría sus ingresos, Mongofra pasaría a manos del arrendatario en lo que consideran una «venta encubierta».

Todo ello, añaden, sin contar con la autorización del Protectorado de Fundaciones del Govern balear, al que creen que debería informarse previamente ya que se trata de una enajenación o gravamen sobre un bien inmueble de la fundación.