Imagen de la zona del sector C de Sant Tomàs donde se proyecta la ampliación urbana.

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El Ayuntamiento de Es Migjorn Gran votó ayer favorablemente al convenio de Sant Tomàs, por el que la promotora Agrytursa deberá pagar 516.000 euros al Consistorio en el momento en el que decida hacer efectivo el desarrollo urbanístico del sector C de Sant Tomàs,  con la construcción de un hotel y una zona residencial con hasta veinte chalés. Tanto el equipo de gobierno como la oposición coinciden en señalar la importancia de que se lleve a cabo la obra, si bien discrepan del documento presentado en el pleno extraordinario de ayer.

Por ello, los populares votaron en contra de lo que consideran «un trato de favor hacia la promotora», en palabras del portavoz del partido, Ramon Verdú. Los populares exigen al equipo de gobierno que garantice por escrito que la promotora hará efectivo el pago acordado. Entienden que el alcalde, Pere Moll, «debía hacer uso de su posición de fuerza para incorporar en el convenio una cláusula en la que se especificaba que se pagaría el importe en el momento en el que se entregara la licencia», y no hasta el 31 de diciembre de 2018 como establece el texto definitivo. 

En respuesta a la demanda, el alcalde aseveró tajantemente que «la propuesta demuestra que no se tiene conocimiento del ámbito urbanístico». Según Moll, «no podrán otorgar la licencia si no son propietarios al cien por cien de los terrenos, por lo que o pagan o no podrán tener la pertinente licencia para construir».

En caso de que la promotora decidiera no hacer efectivo el desarrollo urbanístico «nos quedaríamos igual que ahora», explicó Moll.  El alcalde, a su vez, avanzó que se ha acordado con Agrytursa la colaboración con empresas locales para la construcción y posterior actividad de la zona, así como la contratación de personal del municipio.

Alegaciones

Otros de los argumentos del PP para votar en contra era garantizar que en caso de no cobrar el Consistorio podía vender las parcelas. También delimitar el sector C de Sant Tomàs, afectado en el convenio, para separarlo del resto de la finca así como poder acceder a ella, cosa imposible ahora por estar señalizado como propiedad privada y con una barrera que impide el paso. Si se incluían en el convenio estas demandas, garantizaban su voto favorable y, a la vez, se evitaba la presentación de alegaciones y, en consecuencia la demora de todo el proceso.

Una vez aprobado el texto, se  deberá aprobar la modificación del proyecto de compensación por junta de gobierno y se abrirá el periodo de exposición pública.