La responsabilidad de los graves fallos que obligaron a cerrar el vertedero de Milà y trasladar la basura en barco a Mallorca se sustanciará en los tribunales de justicia. Y no será, precisamente, el Consorcio de Residuos de Menorca (en el que están representados el Consell y los ayuntamientos) el primero en demandar.
El director de las obras, Alberto Correa Rodríguez (a través de la sociedad AC Ingeniería Menorca, SL, de la que es administrador único), y la mercantil autora del proyecto, Terratest Cimentaciones, han interpuesto sendos contenciosos ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears tras ver denegados por silencio administrativo los recursos potestativos de reposición que presentaron en el Consell.
El primero en comunicar el contencioso ha sido Correa, que -confirmó el conseller Javier Ares- ya ha obligado al Consorcio a proveerse de abogado (Francesc Marquès) y procurador. El segundo, Javier Moreno en calidad de director de Terratest, lo anunció ayer a este diario, antes de que la notificación oficial llegue al Consell. «No estamos de acuerdo con el resultado del expediente administrativo e interponemos demanda al entender que nos asiste la razón», explicitó, declinando cualquier otra valoración pública al respecto.
Tanto AC Ingeniería Menorca como Terratest se oponen a las conclusiones del expediente de depuración instruido a lo largo de 2015 por el Consorcio de Residuos, que les considera «responsables» de los «desperfectos y deficiencias» ocasionados por las obras de ampliación del vertedero.
En base a ello, les obliga a responder con 1.129.212,86 euros por los «daños y perjuicios» causados, que han mantenido clausurada la planta por espacio de ocho meses y han obligado a trasladar temporalmente los residuos hasta la incineradora de Son Reus. Además, les impone los costes de la plataforma temporal de almacenaje que tuvo que construirse de la impermeabilización llevada a cabo en una de las celdas donde se depositan los restos y de la solución a las patologías detectadas en otras instalaciones. Estos costes adicionales elevan la cuantía de la indemnización en unos 600.000 euros más.
El expediente culpa a la empresa proyectista por «no evaluar correctamente las condiciones hidrogeológicas en el diseño de la obra» y a la que asumió la dirección de los trabajos por «no haber reconducido adecuadamente la situación» durante la ejecución.
No obstante, la ley limita la responsabilidad pecuniaria de Terratest, que tan solo deberá pagar, como máximo, cinco veces el precio del importe que se le abonó para redactar el proyecto. Este tope legal repercute gran parte de la reclamación económica sobre AC Ingeniería Geológica, lo que explicaría que se haya apresurado ya a recurrir al contencioso-administrativo.
La investigación llevada a cabo entre marzo y septiembre por los técnicos del Consorcio exime de culpa tanto al Consell como al entonces explotador de la planta, Juan Mora, como también a la constructora Antonio Gomila, que ejecutó las obras de ampliación con un presupuesto de 2,3 millones de euros.
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