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Los tres acusados en la vista oral de este martes. | Gemma Andreu

Miguel Juan Urbano26/01/16 0:00
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Los tres acusados por el accidente laboral que causó la muerte del obrero, Pedro Vinent Mercadal, el 27 de octubre de 2011 en la cantera de Sa Moleta, en Alaior, eludirán la prisión a partir del acuerdo de conformidad que alcanzaron este martes sus abogados, el letrado de la defensa y el fiscal del juicio que se celebró en el juzgado Penal de Maó. Una multa de dos años, a razón de 5 euros diarios, y una indemnización de 100.000 euros a los padres del fallecido, presentes en el vestíbulo del edifico, fue la condena final para los inculpados.

El pacto llegó en los momentos previos a la vista oral que se limitó a la lectura de las modificaciones en el escrito de acusación, a cargo del fiscal, y a la comunicación de los términos del acuerdo a los acusados por parte del magistrado, Bartomeu Mesquida.

Los tres inculpados, Clemente Olives Camps, Mercedes Gomila Mascaró, socios de la empresa Ciocrapán SL, para la que trabajaba la víctima cuando tuvo el accidente, y Tomás Mercadal Caules, encargado de la misma, fueron considerados culpables de un delito contra los derechos de los trabajadores en concordancia con un delito de homicidio con imprudencia, con el atenuante de reparación de daño, puesto que ya habían abonado a los padres de la víctima, con anterioridad, la suma de 49.000 euros.

La pena de tres años de prisión que solicitaba el fiscal quedó rebajada a un año, que posteriormente, a solicitud de los letrados de la defensa, Campaner y Pons, fue conmutada en la misma vista oral por una multa de dos años a razón de 5 euros diarios, al carecer los tres de antecedentes penales.

En concepto de responsabilidad civil, los padres de la víctima recibirán 100.000 euros de indemnización -60.000 a cargo de la compañía Liberty Seguros, y 40.000 de los propios acusados que ya habían adelantado 49.000 por este mismo concepto.

La cantidad final se ajusta a la petición del fiscal, mientras que la acusación particular, representada por el letrado Alfonso Mas, solicitaba una suma próxima a los 160.000 euros.

«Nada nos podrá devolver a nuestro hijo, pero este es el acuerdo al que han llegado los abogados y nos han dicho que era correcto», expresaron los padres de la víctima.