El Consell lleva el caso Cesgarden al Supremo mientras ultima la querella

Antes de que venciera el plazo de tres meses a que tenía derecho, interpuso el 15 de diciembre un recurso extraordinario de revisión de la sentencia de 2011 que le obliga a indemnizar con 28,8 millones a la compañía por desclasificar a través del PTI los terrenos donde ésta preveía construir un hotel en Son Bou.

El recurso, registrado por la procuradora ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, está «fundamentado» en la interlocutoria dictada en septiembre por el Tribunal Superior de Justicia de Balears, que desestimó la pretensión de Cesgarden de cobrar 11,1 millones de euros adicionales al constatar que le había aportado información «incierta» sobre la transmisión de los terrenos en liza.

Cesgarden recurrió, pero la Sala mantuvo firme su decisión, lo que llevó el 23 de octubre al Consell a anunciar la presentación de una querella por presunto fraude procesal contra la promotora. El argumento esgrimido entonces por la presidenta Maite Salord es que la interlocutoria del TSJB concluye que el Consell no debe indemnizar a Cesgarden por la adquisición de los terrenos, pues los adquirió el día antes de la aprobación del PTI y, por tanto, ya eran suyos antes de que se dictara sentencia.
«Pero la principal conclusión -remarcó ese día la presidenta- es que la resolución judicial abre la puerta a reconducir la sentencia» de mayo de 2011 que le obliga a pagar entre dos y tres millones anuales a Cesgarden a lo largo de diez años. «Y nuestra obligación y responsabilidad -prosiguió- es explorar esta opción».

Así que, no conforme con encargar la querella penal que tendrá entrada en cuestión de días en el juzgado, también optó por probar la vía del recurso de revisión y lograr que el Supremo permita rectificar el contenido de la sentencia.

Con anterioridad a la interlocutoria de septiembre, los tribunales habían rechazado todos los intentos del Consell por darle la vuelta a la situación y ahorrarse la indemnización. La última, la instada con la participación de la Fiscalía Anticorrupción, cuya querella y petición de revisión de la sentencia fue inadmitida a trámite, primero, por el Juzgado de Palma y, después, por la Audiencia Provincial. Eso parecía dar carpetazo definitivo al tema, hasta que el Tribunal Superior apreció el «engaño» del que había sido objeto y denegó por vez primera la reclamación de la promotora. El Consell contrataca. En pocos días habrá una doble vía penal y administrativa nuevamente abierta.