Las obras se paralizaron en julio al anunciar el Consell que rescindiría el contrato

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La Comisión de Gobierno del Consell aprobará el lunes el inicio del expediente de resolución del contrato de obras de la carretera general que se estaban ejecutando en el tramo Maó-Alaior. Según la presidenta Maite Salord, hay coincidencia con la promotora respecto a la inviabilidad del proyecto que estaba ejecutando y, por tanto, se resolverá de mutuo acuerdo y descarta la indemnización. No se pagará más que las obras realizadas hasta el mes de julio, fecha en la que se paralizaron los trabajos al anunciar la Administración la rescisión del compromiso contractual. Si se tiene en cuenta que el proyecto se adjudicó por 7,5 millones, más IVA, y se ha ejecutado el 19.05 por ciento, el pago que debería asumir el Consell rondará 1,5 millones, cantidad de la que deberán descontarse las certificaciones ya abonadas.

Proyecto defectuoso

El Consell explica que, analizado el proceso desde el inicio de las obras, se ha concluido que hay un problema de fondo «que nace de un proyecto lleno de imprevisiones y carencias, que no se puede ejecutar tal como fue contratado y tampoco es posible modificarlo porque la ley no lo permite. En este sentido, la única opción existente era rescindir el contrato, razón por la cual se iniciaron negociaciones con la UTE con el fin de llegar a un acuerdo más beneficioso y justo para los intereses públicos», según la explicación oficial ofrecida este miércoles por la Administración insular.

En el análisis oficial se cita el inicio de las obras el 25 de septiembre de 2014 y ya en el primer momento el contratista reclamó una modificación del proyecto aduciendo carencias e imprevisiones, lo que suponía una desviación prespuestaria al alza del 38 por ciento sobre el presupuesto.

Aquellos malos inicios condujeron a lo largo del primer semestre de 2015 a una ralentización de las obras, de manera que a fecha del 31 de julio quedaba pendiente de ejecución el 80,95 por ciento del proyecto y además se acumulaba un retraso de seis meses respecto al plazo programado. Por ese motivo, la promotora, constituida por las constructoras Dragados y Antonio Gomila, solicitó en junio una prórroga de cuatro meses, que le permitiría concluir las obras en abril de 2016, solicitud que fue denegada. En esa fecha ya se habían celebrado las elecciones de mayo, que significaron la toma del gobierno por la izquierda, que había mostrado su oposición al proyecto y había convertido las rotondas en uno de los ejes de su campaña política. También fue una de las medidas a poner en marcha en los primeros cien días de gobierno.

A partir de la aprobación el lunes de la apertura del expediente de resolución se abrirá un plazo de diez días para que tanto los técnicos del propio Consell como los de la empresa presenten su justificación de la propuesta o las alegaciones correspondientes con el fin de cerrar administrativamente el caso y evitar reclamaciones jurídicas. «A partir de aquí será posible la puesta en marcha de otro proceso con la redacción de un nuevo proyecto que próximamente saldrá a concurso», según informa el Consell.

La presidenta Maite Salord ha valorado que se pueda trabajar a partir de ahora en un «proyecto riguroso, que se pueda ejecutar sin problemas y que se adapte al modelo de una Menorca sostenible, un ejemplo de reserva de biosfera». De hecho, ya se trabaja en el nuevo proyecto, según fuentes de la institución insular.