La misma constructora ha reclamado, con éxito, sendos sobrecostes por la piscina y la Comisaría.

TW
9

El Ayuntamiento de Ciutadella deberá pagar el año que viene 1.335.345,40 euros más los costes judiciales pertinentes por las sentencias desfavorables de contenciosos administrativos que acumula, la mayoría de ellos originados bajo el gobierno de Llorenç Brondo (2003-2009). Y todo ello pese a que, en los casos en que sea posible, recurrirá al pago aplazado mediante sucesivas anualidades para no agravar aún más su situación financiera.

La última resolución judicial conocida ahora le condena, a través del Consorci Pla Mirall, a abonar 239.090,75 euros, más los intereses moratorios preceptivos, a la constructora que ejecutó las obras de la piscina descubierta de Sa Platja Gran, Antonio Gomila, por el sobrecoste que le supuso tener que acometer trabajos «no incluidos en el proyecto inicial».

El equipo de gobierno formado por PSM, PSOE y Gent x Ciutadella lamenta que «la compra de terrenos a precios desorbitados, el descontrol en el gasto corriente y la desmesura en las obras realizadas» en el mandato del alcalde Brondo vuelva a «generar un desequilibrio presupuestario» en las arcas municipales, justo cuando el próximo año 2016 se aprestaba a «empezar a reconducir la situación económica». «Se regalaba el patrimonio municipal en permutas y compras, en las que siempre ganaban unos pocos y perdían tanto el Ayuntamiento como el pueblo de Ciutadella».

El gobierno tripartito critica que se eche al traste así con el trabajo realizado entre 2009 y 2015 (en los gobiernos de Pilar Carbonero y José María de Sintas), que dio lugar a un plan de saneamiento aprobado por unanimidad y gracias al cual se logró «contener el gasto y evitar el colapso de los servicios que se ofrecían a la ciudadanía».