Justicia precisa unos calabozos y un espacio para la Policía en Can Saura

Es más, según este informe, realizado después de una inspección ocular por parte de un técnico de la Dirección General de Patrimonio, adecuar el inmueble para usos judiciales precisará una inversión de 200.000 euros por parte del Ministerio.

Todo ello consta en este documento al que ha tenido acceso el PSM después de una pregunta del diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví. El Ministerio, además, prevé que el alquiler de Can Saura sea de cuatro años, según afirma al diputado Baldoví. Una afirmación que contradice lo expuesto anteriormente por el alcalde, Ramón Sampol, quien declaró en el pleno del pasado mes de octubre que el convenio es de un contrato de alquiler sería de dos años más otros dos prorrogables, y que este tiempo serviría para decidir el uso final del edificio y si es viable destinarlo a actuaciones culturales.

Pues bien, al contrario de lo afirmado por el primer edil, es el Ministerio quien puede renunciar al alquiler pasados dos años, ya que los dos primeros son obligatorios.

Según el PSM, «una vez más, y ya son unas cuantas, nos sentimos engañados por la manera de hacer del Ayuntamiento», ya que el equipo de gobierno afirma que no dispone de dicho informe.

A todo ello, y respecto a la documentación expuesta, los nacionalistas tienen dudas sobre el acuerdo con Justicia, como por ejemplo las necesidades de movilidad para llegar a la zona. «¿Tiene conocimiento el Ministerio de que el casco antiguo es de uso para peatones con horarios restringidos y que no se puede aparcar? Suponemos que la Policía y los detenidos se desplazarán con vehículo y no a pie», manifiestan.

Por otra parte, preguntan cuánto costará devolver el edificio a su estado inicial, después de la inversión de 200.000 euros que el Ministerio de Justicia afirma que deberá acometer.

Ante ello, el PSM pide que la decisión sobre el futuro de Can Saura se posponga hasta después de las elecciones.