TW
49

Las cámaras de Maó que controlan la velocidad y velan por el buen uso tanto de los espacios restringidos como los reservados a carga y descarga han detectado 4.660 infracciones en los dos meses y medio que llevan en funcionamiento.

El Ayuntamiento de Maó instaló estos dispositivos para garantizar el cumplimiento de las normas de circulación. Y el comportamiento de los ciudadanos ha sido un tanto diverso. Así como el Consistorio considera «muy satisfactorio» el nivel de cumplimiento de los límites de velocidad en Es Cós, Camí des Castell y Sant Climent, diferente ha sido el uso de los accesos restringidos y, más en concreto, en los resultados que ha hecho aflorar la cámara de la Plaça Reial con Carrer Infanta.

Y es que de las 4.660 infracciones totales captadas por la decena de dispositivos que se instalaron en el centro urbano, 4.024, es decir el 86,3 por ciento, se han producido en este punto. La media diaria de vehículos que infringen la normativa supera el medio centenar, una circunstancia que se da en invierno cuando la movilidad rodada es inferior a la que se produce en temporada alta.

Asimismo, las horas punta de estas infracciones son las 11 y las 13 horas.

El teniente de alcaldía de Servicios Generales, Salvador Botella, aseguraba ayer que «ni la Policía Local ni el Ayuntamiento éramos conscientes del grado de incumplimiento de estas zonas restringidas» y avanzaba que «de zona semipeatonal nada, estamos ante una auténtica autopista». Además, recuerda que el Consistorio no ha modificado las limitaciones estipuladas sino que hace una decena de años que existen. «El Ayuntamiento solo ha controlado el acceso». Botella señala que «debo entonar el mea culpa por no haber detectado estas irregularidades».

Además, el Ayuntamiento ha detectado casos de reincidentes a quienes se les ha descubierto en 24, 19 o 17 ocasiones. En este sentido, Botella indica que el Ayuntamiento busca la fórmula para que se contabilice como una única infracción. El teniente de alcaldía avanza que la normativa contempla dos tipos de sanciones.

La más restrictiva establece 200 euros de multa mientras que la sanción que se aplicará reduce la cuantía a 80 euros con una bonificación del 50 por ciento si se paga en un determinado plazo. Botella avanza que «la instalación de las cámaras no tiene ningún ánimo recaudatorio». En este sentido, apunta a que se han empezado a remitir notificaciones pero aún falta definir cuántas acabarán en denuncia. No obstante, avanza que «estamos desbordados».

El Ayuntamiento ha colocado un agente de la Policía Local en este punto que informará y repartirá a su vez unos folletos explicativos para «reconducir esta situación tan alarmante». También recomienda acudir a la Oficina de Atención al Ciudadano ante cualquier duda.