Los afectados están concentrados frente a la oficina del BBVA del Carrer Nou de Maó | Gemma Andreu

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Cuatro horas y media de presión social no fueron suficientes para lograr que Shaskia Quiñones y Armando Marquès consiguieran que el BBVA les aplicara el decreto ley conocido como 'Código Guindos' y, poder así, saldar la deuda mediante la dación en pago. La petición era innegociable. O el banco les aceptaba la dación en pago o no abandonarían el Carrer Nou de Maó. Y así lo hicieron durante las cuatro horas y media que la entidad debía haber atendido a sus clientes, y no lo hizo. Y es que la oficina contrató a un vigilante de seguridad que prohibió la entrada no solo de los manifestantes sino a todo cliente que quisiera hacer una gestión bancaria.

Desde la PAH señalan que «se trata de la primera de una serie de acciones para que el banco cumpla» y añaden que «se mantendrá la presión, si no nos quieren dentro, estaremos fuera con lo que ello supone  para la imagen de la sucursal».

A las 10 horas unas cincuenta personas se congregaron frente a la entidad bancaria para apoyar a la pareja. El director regional de zona del BBVA accedió a reunirse con la pareja y un representante de la PAH, un encuentro que no satisfizo a los afectados y que acabó sin acuerdo. El banco les volvió a proponer una refinanciación de la hipoteca, la tercera en tres semanas, cuando «nuestra posición es clara, o dación en pago, o no nos movemos de aquí», aseguraban desde el colectivo.

La pareja lleva más de siete meses a la espera de que el banco les aplique la 'Ley Guindos'. Sobre Quiñones pesaba un embargo de la Seguridad Social. El banco le recomendó levantarlo para facilitar la aplicación del decreto Guindos. «Nos han mentido con falsas promesas», agregaba Quiñones. «Lo único que quería el BBVA era tener la vivienda saneada para quedársela», concluía la PAH.