Hace poco más de dos años, en su tradicional discurso navideño de 2011, el Rey pronunció la frase que hoy más repiten los ciudadanos de a pie «la Justicia es igual para todos». Se había destapado el «caso Nóos» y la implicación de su yerno Iñaki Urdangarín; comenzaba así el 'martirio' de la Casa Real que acaba de abrir un nuevo capítulo con la imputación de la infanta Cristina por un presunto delito fiscal y otro de blanqueo de capitales.
En Menorca, de donde además procede el otro encausado por la trama, el exsocio de Urdangarín, Diego Torres, la noticia ha sido acogida por las distintas fuerzas políticas con respeto hacia la acción del juez José Castro y con deseos de que el caso de corrupción más sonado de los últimos años se resuelva con la máxima celeridad posible.
El secretario general del PSOE, Vicenç Tur, recordó que la imputación «se debe entender como una posibilidad de defensa, igual que como sucede con los políticos, la imputación no significa culpabilidad».
Tur manifestó «el respeto lógico ante cualquier acción judicial» y consideró que la imputación «refleja cierto sentimiento ciudadano de que, como mínimo, exista el mismo trato para todos y eso, al menos, el juez Castro lo ha demostrado».
Según el líder socialista, «nadie entendía que la mujer de Torres estuviera imputada y la infanta no» y esta decisión judicial puede ayudar a que «la gente vuelva a confiar en las instituciones».
El coordinador de Esquerra de Menorca (EM-IU), Juanmi Gomila, cree que «no deja de ser curioso que sea el juez, y no el fiscal, el que impute a la infanta, cuando en cualquier familia trabajadora, si aparece el nombre de uno de los cónyuges en operaciones presuntamente ilegales no se lo pensarían ni un momento».
Gomila aseguró que «nosotros partimos del hecho de que la ley debe ser igual para todos, ahora veremos cómo acaba, todo se tiene que demostrar, pero hasta ahora nos estaban vendiendo que todo era culpa de Urdangarín y que la infanta no sabía nada, que era un adorno».
El político de EM-IU concluyó, respecto a la imputación de Cristina de Borbón, que se confirmará «cuando veamos que baja la rampa de los juzgados de Palma como su marido y muchos otros».
También la coordinadora del PSM, Maite Salord, manifestó que el hecho de que se trate de la hija del rey Juan Carlos «no debe entorpecer que se le haga un juicio igual que a cualquier otro ciudadano si el juez ha visto indicios para ello».
Salord recordó que la postura de su partido ante este caso siempre ha sido que «la justicia debe ser igual para todo el mundo».
Por su parte, la portavoz del PP, Ana Lía Noval, subrayó que su partido no toma postura en relación a imputaciones de miembros del partido o de otras formaciones políticas y, en este caso, tampoco sobre la infanta, hasta que no exista una sentencia.
Noval expresó el «respeto» del PP a las acciones judiciales. «Creo que ante la Justicia todos somos iguales y con este caso quizás se demuestra más», aseguró la portavoz. «Lógicamente esperamos que se agilice todo el proceso», añadió, «y que finalice cuanto antes».
Escueta valoración de Santiago Tadeo
La reacción del presidente del Consell, Santiago Tadeo, ante la imputación de la infanta fue breve.
El jefe del Ejecutivo insular se limitó a manifestar su «máximo respeto a la Justicia» y expresó su deseo de que el caso se resuelva «cuanto antes».
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