Las empresas con facturas pendientes del Ayuntamiento de Maó cobrarán con un retraso que puede llegar a los cuatro meses debido al informe de Intervención contrario a que se destine el remanente de tesorería de la Corporación a pagar a proveedores.
El equipo de gobierno del PP considera que es posible destinar este dinero a liquidar deuda a corto plazo y no a pagar a los bancos, como exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pero no se saltará la recomendación del interventor -quien, de todos modos, también debería firmar las órdenes de pago del Consistorio a sus acreedores-, y paralizará el expediente a la espera de que se desarrolle o modifique el articulado de la normativa estatal.
«Lamentamos esta situación, es triste tener un saldo positivo en los bancos y que el Ayuntamiento no pueda pagar las facturas», explicó ayer el teniente de alcaldía de Servicios Generales, Salvador Botella, quien considera que los servicios de Intervención de otros ayuntamientos españoles han sido más comprensivos «y dúctiles con las necesidades de los ciudadanos».
El PP argumenta su postura en las circulares emitidas por el propio Ministerio de Hacienda y también la Generalitat de Catalunya, así como en las recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pero el interventor se ciñe a la norma actual y no autoriza el pago hasta que se reglamente sobre el artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria o se modifique mediante la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado.
La tramitación hace perder un tiempo precioso para los proveedores del Ayuntamiento que necesitan cobrar y, a su vez, hace que la Administración municipal incumpla el plazo de pago a sus proveedores de 30 días fijado por ley.
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