El GOB espera que el relevo en APB mejore el diálogo sobre el dragado

Cabe recordar que la Fiscalía de Medio Ambiente acordó el pasado viernes archivar la denuncia del GOB contra el dragado al no apreciar indicios de delito penal. Sin embargo, se exige que antes de iniciar los trabajos se redacte un informe para evaluar el impacto que ocasionará el dragado y se sugiere que el documento sea elaborado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO) bajo la supervisión de la Fiscalía.

En esta línea, los ecologistas han considerado que, aunque los resultados de las analíticas realizadas por orden de la fiscal no son de dominio público, el largo plazo de diligencias, así como la tutela tanto del IEO como de la Oficina Técnica de la Fiscalía, "parecen no dejar dudas de la necesidad de abordar las cosas de otra manera".

El GOB ha recordado que la legislación vigente en materia de dragados proviene del Convenio de Londres y establece una jerarquía de opciones en la gestión de materiales que se quieran verter al mar que pasan por la reutilización, el reciclaje, la destrucción de los componentes peligrosos, la reducción o la retirada de los componentes y la evacuación a tierra o al mar.

"Hasta ahora, la APB mantenía que no era necesario cumplir con el Convenio de Londres porque se aplicaban los criterios del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), un organismo autónomo adscrito orgánicamente al Ministerio de Fomento", han remarcado fuentes de la organización, quienes han indicado que estos criterios son del año 1994 y, por tanto, anteriores a la entrada en vigor del Convenio de Londres.

Por todo ello, el GOB espera que los nuevos responsables de la APB respeten en cumplimiento del Convenio de Londres.